Por Asociación Vecinal L N Alem
Comisión Directiva
Playa Grande
Ningún otro objetivo más allá del bien común nos ha impulsado, utilizando únicamente los mecanismos que institucionalmente se le proveen a cualquier ciudadano, toda esta problemática que nuevamente nos ocupa hoy fue descripta y expuesta ampliamente por esta Asociación en seis jornadas de trabajo llevadas a cabo en el Honorable Concejo Deliberante, tres de nocturnidad, una de proyecto de traslado de los bares de la zona, una de mediación en la cultura ciudadana y otra jornada donde se planteaba “Problemática ambiental de la franja costera” ,como también presentado al Concejo Deliberante y al Poder Ejecutivo la solicitud de declaración de emergencia ambiental en septiembre de 2008 y otro pedido de emergencia social y urbanística en enero de 2009, agotando toda instancia de reclamo y de colaboración con las autoridades con el único fin del bien común y la preservación de derechos fundamentales e irrenunciables.
Como por ejemplo el articulo 41 de la Constitución Nacional donde “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y donde las autoridades proveerán a la protección de este derecho” en esa línea se expresó La Defensoría del Pueblo de La Nación con exhorto favorable al reclamo presentado, con Resolución N° 133/08 por la actuación N° 6508/07 que estableciera entre otros puntos “Que, habiendo las autoridades públicas Provinciales y Municipales así como los propietarios de comercios de la zona, reconocido el conflicto y expresado formalmente su intención de darle una solución, corresponde analizar las condiciones que deben tenerse en cuenta a fin hacer efectiva la defensa de los derechos ambientales de los vecinos de Playa Grande.”
“Que hasta tanto se logren los objetivos propuestos, es preciso que se intensifiquen en el Barrio Playa Grande los controles de las actividades nocturnas existentes, manteniendo la actual moratoria para la instalación de nuevos comercios que puedan agravar la situación de conflicto.”
En este contexto lo único que hemos reclamado es el cumplimiento de ordenanzas, leyes provinciales y nacionales vigentes, que se respeten las habilitaciones que en su desvirtuación han generado este gran conflicto reconocido por las más altas autoridades incluyendo al Gobernador de la Provincia y la propia Presidenta de la Nación.
Escuchamos expresiones como: “los fundamentos no se condicen con la realidad” cuando imágenes de lo que ocurre han sido difundidas públicamente en medios locales y nacionales, o que “Una norma no puede cambiar las costumbres, sino que tiene que adaptarse para regularlas” justificando casi los excesos ampliamente reconocidos incluso en fallos judiciales donde se ha establecido que “cada comerciante debe llevar a cabo su actividad conforme la habilitación que le ha sido otorgada de acuerdo al ‘Uso de Suelo’” y que “aunque ambos se relacionan con el esparcimiento nocturno, bares y discotecas desarrollan actividades diferentes y en base a ello es que son objeto de reglamentaciones también son distintas” y donde el Estado Municipal “debe velar por el cumplimiento de esas normativas”, controlando entre otras cosas, que se respeten los horarios de funcionamiento, que no se sobrepasen los cupos máximos de concurrencia, o que solamente se baile en los lugares habilitados para tal fin”. (Tribunal Nº 3, Jueces Juan M. Sueyro y Hugo Trogu año 2010)
Lejos de nuestra intención ha sido participar de polémicas ni agresiones en ninguna de sus manifestaciones, las que lamentamos cuando nos involucran injustamente y que, a veces, son motivos que nos excluyen a expresarnos libremente.
Por todo lo expuesto, encontramos en este proyecto de ordenanza -presentado por el Concejal Diego Monti- contenidas muchas de las necesidades y respuestas tan largamente esperadas por los vecinos residentes de Playa Grande.
Entendemos que Mar del Plata es una ciudad con turismo, que necesita de actividades recreativas nocturnas como cualquier ciudad, enmarcadas en una convivencia razonable, situación, que a nuestro parecer, se desprende de este proyecto de ordenanza que tiende a solucionar un conflicto sostenido en el tiempo y que ha involucrado a tantos sectores.
Deseando y esperando la sensatez de los Señores Concejales y que tengan a bien contemplar no solamente el aspecto del cierre de una ecuación económica de un sector determinado, sino también la calidad de vida de un amplio sector de la ciudad que ha sido perjudicado por el solo y único hecho de haber elegido libremente el lugar donde querían vivir y que merece, como cualquier otro barrio o sector, un justo resarcimiento.