El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había sostenido que, tal como está redactada la ley, la Justicia no tiene atribuciones para controlar el reparto de estos fondos.

Afirmó que el modo en que se distribuyen a provincias y municipios, que está sospechado desde hace décadas de ser una herramienta para el clientelismo, es una “cuestión política no justiciable”.

Aquel fallo, de hace un año, convalidó repartos realizados por cuatro gobiernos: el de Carlos Menem (la mayoría de los aportes cuestionados eran de este período), el de Fernando de la Rúa, el de Eduardo Duhalde y el de Néstor Kirchner.

El fiscal federal Gerardo Pollicita apeló y la Sala I de la Cámara Federal le dio la razón. La semana pasada, revocó el fallo y reabrió la causa. “Es imperioso ahondar la pesquisa para así poder arribar a una decisión debidamente fundamentada”, sostuvieron los jueces Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Su argumento fue que, más allá de que el Poder Ejecutivo tenga discrecionalidad para hacer el reparto, esto no le permite alejarse de la ley, que exige destinar los fondos a atender situaciones de “desequilibrio financiero” de las provincias o de “emergencia”. Nada más.

Los camaristas afirmaron que se constataron manejos “arbitrarios” y que “no cabe duda” de que no correspondían ATN para “la reparación de una pileta de natación, solventar los gastos de un campeonato de off shore o cualquier actividad encarada por un club deportivo”.

Lo cierto es que la fórmula legal es tan amplia que siempre permitió repartirlos con fines políticos y privilegiar a aliados de la Casa Rosada.

Durante el gobierno de Menem, por ejemplo, su provincia natal, La Rioja, resultó muy favorecida. Sólo en 1998, mientras el promedio otorgado con estos fondos era, en todo el país, de $ 9 por habitante, en La Rioja era de 400.

Una auditoría dispuesta por el primer juez de la causa, Jorge Urso, reveló que en la década del 90 se usaron ATN para financiar actos eleccionarios y también para pagar una película sobre Facundo Quiroga, reparar la pileta del club Chacarita y organizar el festival de Cosquín.

Pero el llamativo manejo no terminó con Menem. En 2005, se denunció en el Congreso que el gobierno de Néstor Kirchner había girado 302.000 pesos a Mar del Plata, que tenía como intendente a un radical aliado entonces al oficialismo (Daniel Katz), para realizar un desfile de modelos.

El fallo de Martínez de Giorgi consideró que nada de esto era revisable por ser el Poder Ejecutivo quien debe juzgar la “oportunidad, mérito y conveniencia” de las asignaciones. El juez enfatizó el “déficit regulatorio”, que habilita al Ministerio del Interior a repartir los ATN.

Pero, según la Cámara, el juez obvió “la presunta existencia de otorgamientos ilegales bajo lo que considera, de un modo genérico y erradamente, cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia”.

Al hablar de las verdaderas situaciones de emergencia, el tribunal citó, como ejemplo, el desastre natural que pueden provocar las cenizas de un volcán. No es un caso imaginario.

Recientemente, la Presidenta ordenó el envío de una partida de $ 5.000.000 de ATN para el gobierno de Neuquén, para acelerar el plan de limpieza en Villa La Angostura.

Los ATN surgieron durante la gestión de Raúl Alfonsín para auxilio financiero a las provincias: el 1% de lo recaudado por ingresos coparticipables va a ese fondo, administrado por el Ministerio del Interior. Hace años que la oposición impulsa proyectos para reglar su distribución. Hasta ahora, ninguno prosperó.

UNA VIEJA CAUSA

• El objeto . El caso por repartos irregulares de ATN tiene más de 10 años. Investiga, sobre todo, partidas del gobierno de Carlos Menem, pero también de Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

• El cierre. El año pasado, el juez Marcelo Martínez De Giorgi (foto) cerró el caso. Dijo que era una “cuestión política no justiciable”.

• La reapertura. El fiscal Gerardo Pollicita apeló y la Cámara reabrió el caso. Dijo que hubo informalidad y conductas arbitrarias en el reparto, y que algunos hechos podrían haber prescripto.

Fuente: La Nación