El Tribunal juzgará al oficial de Inteligencia Ejército Alfredo Manuel Arillaga; los capitanes de Fragata Justo Ignacio Ortíz, Roberto Luis Pertusio, Rafael Alberto Guiñazú y José Omar Lodigiani y los capitanes de Navío Juan José Lombardo, Raúl Alberto Marino, Mario José Osvaldo Forbice y Julio César Fulgencio.

También serán juzgados el prefecto Juan Eduardo Mosqueda; el Sub Prefecto Ariel Macedonio Silva; el Suboficial de inteligencia de Marina Ángel Narciso Racedo; el Coronel Aldo Carlos Máspero, el marino Julio Cesar Falcke y el abogado auditor Juan Carlos Guyot.

Todos se encuentran acusados por delitos que van desde homicidios calificados hasta privaciones ilegales de la libertad doblemente agravadas e imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicio de perseguidos políticos.

En la causa se investigan crímenes contra los derechos humanos en perjuicio de 69 víctimas, cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval de Mar del Plata, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) y en la sede de aquella ciudad de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

Se trata de la segunda parte de la causa “Malugani Carlos – Homicidio”, en la cual se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad que habrían sido cometidos en los Centros clandestinos de detención que funcionaron entre 1976 y 1978 en la Base Naval, en la ESIM y en la PNA.

El tribunal estará conformado por los jueces platenses Nelson Jarazo, Alejandro Esmoris y Jorge Michelli, mientras que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia de Buenos Aires y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) serán querellantes.

Las víctimas son Justo Alberto Alvarez, Jorge Pavlovsky, Jorge Luis Celentano, Pablo Lerner, José Angel Nicoló, Oscar Rudnik, Pedro Catalano, Graciela Datto, Héctor Ferreccio, José María Musmessi, Alberto Pellegrini, Patricia Molinari, Gabriel Ricardo Della Valle, Eduardo Pediconi, Liliana Retegui, Patricia Lazzeri, Liliana Iorio, Nancy Carricabur, Stella Maris Nicuez, Enrique René Sánchez, Pablo José Manzini y Nora Inés Vacca.

Otras víctimas son Liliana Elena Renzi, Alejandro Sánchez, Omar Marochi, Susana Valor, Carlos Mujica, Alberto Dubas, Patricia Gaitán, Elena Alicia Ferreiro, Adrián Sergio López, Argentino Ponciano Ortiz, María Susana Barciulli, Mónica Roldán, Susana Beatriz Pegoraro, Eduardo Cagnola, y Laura Adhelma Godoy de De Angelli.

También fueron víctimas Julio Cesar Lencinas, Alfredo Battaglia, Osvaldo Isidoro Durán, Ana María Torti, Miguel Angel Erreguerena, Susana Rosa Jacué, Jorge Martín Pryczynicz, Lucía Terrier de Ferrer, Néstor Ferrer, Guillermo Cángaro, Víctor Saturnino Correa Ayesa, Patricia Carlota Valera, Norma Susana Olivieri Huder de Prado, María Cristina Garofoli y Juan Miguel Satragno.

Las víctimas se completan con María Cristina García Suárez, Mirta Noemí Librán Tirao, Alberto José Martínez, y Silvia Siscar; Irene Delfina Molinari, Mario Daniel Chueque, Rosa Ana Frigerio, Liliana Pereyra, Patricia Mancuzzo, Fernando Yudi, Walter Claudio Rosenfeld y, Roberto Frigerio, Silvia Ibáñez de Barboza, Juan Manuel Barboza, José Adhemar Changazo Riquiflor, Saturnino Vicente Ianni Vázquez y Eduardo Caballero.

El miércoles está prevista la realización de una inspección ocular en el CCD de la Base Naval, mientras que el jueves se hará lo propio en la ESIM y en la Prefectura Naval.

El 21 de diciembre último Arrillaga, Ortíz y Pertusio, que serán juzgados en este nuevo debate oral, ya fueron condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención que funcionó en la Base Naval Mar del Plata.

Por primera vez la justicia condenó a dos marinos por violaciones a los derechos humanos y con ese fallo se dio por comprobado que en Mar del Plata, el Ejército y la Armada actuaron interrelacionados para imponer el terror.

Arrillaga, Ortiz y Pertusio fueron condenados a prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de privación ilegitima de la libertad agravada por mediar violencia; imposición de tormentos agravada por tratarse de perseguidos políticos y homicidio calificado en concurso premeditado de dos o más personas.