El gobierno bonaerense avanzará con un proyecto orientado a otorgar mayor participación a los municipios en el funcionamiento de la Policía. La idea que se madura por estas horas en la administración provincial es la creación de una Policía de Prevención Comunal, que tendrá la particularidad de que estará bajo las órdenes de los jefes distritales de la fuerza de seguridad, pero la planificación de sus tareas será responsabilidad de los intendentes.

La nueva fuerza estará integrada por efectivos policiales, es decir, no se tratará de una “guardia urbana” al estilo de las que funcionan en diversos distritos con personal con funciones de seguridad pero civil. Y sus tareas serán las de “reforzar la prevención del delito en los municipios y contribuir a la seguridad ciudadana”, indicaron a este diario calificadas fuentes del ministerio de Justicia y Seguridad.

El proyecto que por estas horas está puliendo la cartera que conduce Ricardo Casal está a mitad de camino de lo que plantean intendentes de algunos distritos que, como se sabe, vienen proponiendo “hacerse cargo” integralmente del funcionamiento y el control de la policía en sus municipios. “Los intendentes van a poder planificar las acciones de la nueva fuerza, pero el mando y el control no podemos delegarlo”, indicaron funcionarios provinciales quienes están trabajando en la iniciativa.

La futura Policía de Prevención Comunal comenzaría a plasmarse en etapas a partir del año que viene, y a medida que vayan egresando efectivos de las academias de formación policial o se vayan liberando más agentes que actualmente están abocados a otras tareas en comisarías u otras dependencias y que no están relacionadas con la prevención del delito.

CONTROLES Y CUPOS

La premisa que se maneja en el ministerio de Justicia y Seguridad es que la nueva fuerza contribuya con su presencia a profundizar la seguridad ciudadana con más medidas de prevención. Con ese fin, sus integrantes no realizarán ningún tipo de tareas administrativas ni actuaciones judiciales.

“Reforzarán los controles en las zonas de los boliches, realizarán patrullajes y harán controles en puntos fijos”, se explicó. Se busca, así, multiplicar la presencia de efectivos en las zonas más conflictivas.

El otro aspecto central del proyecto tiene que ver con la cantidad de efectivos que tendrá la nueva fuerza en cada distrito.

El proyecto establece un cupo de policías por distrito, que será determinado en función de la densidad del territorio de la comuna y la cantidad de población. Ese número que surgirá de una fórmula aún en estudio, será el “piso” del número de agentes que tendrá la fuerza local.

Ese “piso” podrá ser ampliado en caso de que los intendentes lo requieran, pero el costo de contar con una fuerza con un número adicional de efectivos deberá ser asumido por los municipios.

“Es una Policía más y, como tal, los gastos que demanden su funcionamiento correrán por cuenta de la Provincia. Pero si un Intendente, en su nuevo rol de planificación que tendrá, sostiene que necesita engrosar el número de efectivos, deberá hacerse cargo del personal adicional”, se indicó en el Ministerio de Seguridad.

Uno de los mecanismos que se analiza en la Provincia para que no haya sobresaltos en el trámite de pago a esos policías adicionales, es el descuento directo de la coparticipación que el gobierno bonaerense gira mensualmente a las comunas.

“El objetivo que se persigue con este nuevo cuerpo policial es que haya más prevención y más policías en la calle”, aseguran en Seguridad. Y agregan que no se apelará a la teoría de la “sábana corta” para conformar esta fuerza. “No se va a sacar policías de otras estructuras que estén realizando ya tareas de prevención. Lo que queremos es que los nuevos egresados y los agentes que dejen de hacer tareas administrativas, sean los que integren esta Policía de Prevención”, explican.

El plan, explicaron fuentes del ministerio, es que la Policía de Prevención Comunal comience a operar el año que viene, en etapas. Se trata de un proyecto que, estiman oficialmente, “estará consolidado en dos o tres años”.
Fuente: El Día