Se trata de un “fraude” cometido por prácticamente la totalidad de los bancos y cajas de ahorro del país que ronda los 30.000 millones de euros, aseguró a Télam, Santiago Pérez, encargado del caso en ADICAE (Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros).

Esta asociación de consumidores lleva desde el mes de noviembre denunciando ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la actuación fraudulenta de 52 entidades financieras, que mediante engaño comercializaron productos considerados “tóxicos”.

En la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), entidad intervenida por el Banco de España en julio de 2011, el escándalo estalló con el caso de los “bonos preferentes”, ya que en la entidad alicantina se registraron algunos con vencimiento en el año 3.000.

La plataforma de afectados reúne a más de 20.000 personas, quienes comenzaron a movilizarse en reclamo de sus ahorros confiscados por la banca, pero la asociación cifra el número de perjudicados en un millón.

El caso afecta a personas que cuentan con participaciones preferentes, deuda subordinada y cuotas participativas, todos productos que ahora están calificados como “bonos basura” y que los bancos y cajas de ahorro crearon con el objetivo de recapitalizarse a costa de los ciudadanos.

Son los mal llamados productos de renta fija, es decir bonos, deuda emitida por los propios bancos y cajas, que empezaron a ofrecer a los clientes hace ya diez u ocho años “disfrazados de plazos fijos fácilmente recuperables”, explica el representante de ADICAE.

Pero en realidad están hablando de productos complejos, que no tienen liquidez, obligaciones perpetuas, que sólo se pueden recuperar si encuentran comprador en el mercado secundario, algo que en el actual momento de crisis resulta imposible.

Para realizar el fraude, las entidades se valieron de la falta de regulación por parte del Banco de España y por la confianza que los clientes tenían en ellas.

Así colocaron estos productos “tóxicos” entre jubilados y trabajadores que no los necesitaban y ahora se encuentran ante el drama de no poder disponer de sus ahorros en medio de la crisis para afrontar problemas económico propios o de sus familiares.

Rosa Mayars explicó el caso de su madre, de 90 años de edad y una de las personas afectadas por el corralito. Sus ahorros de toda una vida de trabajo estaban en una cuenta de La Caixa desde hace 40 años y ahora no puede retirarlos.

“Mi madre necesitaba el dinero para adecuar su vivienda a su invalidez, debido a su elevada edad. Pero cuando fuimos al banco a buscarlo nos dijeron que no le podían dar nada”, cuenta indignada.

“Le ofrecieron un canje por otros productos financieros, pero que se pueden cobrar a diez años”, añade Rosa junto a otros afectados que se manifestaron el domingo en Barcelona, en el marco de la protesta contra los ajustes y la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy.

En su caso, sostiene que la cuenta que le habían ofrecido era de “ahorro” y renovaba los intereses cada año. La realidad es bien distinta.

Otra afectada, Luisa García, de 57 años, llevó a la misma entidad la indemnización que recibió al ser despedida de la empresa del sector de cosmética en la que trabajó durante 20 años.

“Les dije que cuando se me acabara el subsidio de desempleo regresaría a buscar mis ahorros, y me dijeron que no había problema, que los tendría en 48 horas”, relata.

Sin embargo, cuando lo hizo, porque ya no tenía dinero para comer, Luisa se encontró con que sus ahorros estaban “confiscados”.

“Es un corralito en toda regla”, denuncia esta mujer, a quien el banco le ofreció como opción un crédito “para seguir endeudándome” cuando lo que quiere es su dinero.

Antonio Domínguez, por su parte, reclama a La Caixa 42.000 euros que tenía en una cuenta y que necesitaba retirar para ayudar a su hija que no tiene trabajo desde hace meses.

“Eran los ahorros familiares de 26 años de trabajo, míos y de mi esposa”, relata con indisimulada angustia a esta agencia.

“Cuando pusimos el dinero en esa cuenta nos dijeron que cuando lo quisiéramos lo ponían a la venta y en dos días lo teníamos”, añade.

Según el responsable de ADICAE, más que destinados a recuperar la inversión estos productos estaban pensados para cobrar intereses del 3, 4 y 5 por ciento, similares a un depósito.

Antes de la crisis, los bancos pensaban que cuando necesitaran el dinero podrían vender los bonos a otras personas, “pero ahora están calificados como basura y de hecho la CNMV ordenó que fueran retirados del mercado”, señala.

A partir de esa decisión, entidades como La Caixa, el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria), el Santander y el Banco Sabadell comenzaron a ofrecer canjes, nuevos bonos, depósitos, es decir no recuperar el dinero sino deudas de mejor calidad. El resto de entidades no dijeron nada.

La mejor opción es recuperar el 100 por ciento de los ahorros en diez años, no antes, explican, por lo que ADICAE anticipó que está preparando denuncias colectivas para presentar a nivel diferenciado por productos contra todas las entidades españolas involucradas.

La asociación sostiene que el corralito fue oficializado hace unas semanas por el ministro de Economía español, Luis de Guindos, cuando se aprobó un decreto ley por el que las entidades pueden no pagar intereses de estas deudas durante un año.