El adjunto primero de la Defensoría del Pueblo nacional, Anselmo Sella, recomendó este sábado al Gobierno la rescisión del contrato con la empresa TBA a raíz de la falta de mantenimiento en trenes y la tragedia del miércoles en la que murieron 50 personas y más de 700 sufrieron heridas.

En un informe, Sella se dirigió al ministro de Planificación Federal Julio De Vido para aconsejarle que “arbitre las medidas conducentes a resolver el contrato de concesión con la empresa Trenes de Buenos Aires, garantizando el Estado Nacional la prestación del servicio en condiciones de seguridad y calidad”.

Entre los argumentos de su resolución, el ombudsman destacó “la falta de mantenimiento de los bienes afectados al servicio ferroviario concesionado a la empresa TBA SA, resulta conocido por parte del Órgano de Control y de la Secretaría de Transporte de la Nación”.

Asimismo, apuntó “el gravísimo siniestro que tuvo lugar el día 22 de febrero en la Estación Terminal Once, que hasta el momento costó la vida de cincuenta personas, además de setecientas heridas”.

Ese siniestro, acotó, “determinaría por sí mismo, por su gravedad, la falta de aptitud, pericia y responsabilidad por parte de la empresa para continuar como concesionaria del servicio ferroviario de las Líneas Mitre y Sarmiento”. Ante ello, sostuvo que “deberá el Estado Nacional, titular del servicio público, garantizar en lo sucesivo su prestación en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad, accesibilidad y seguridad de los usuarios transportados”.

“Los usuarios del servicio, atento a las condiciones en que son transportados como el estado en el que se encuentran las estaciones, con imposibilidad de acceso para personas discapacitadas, ven cotidianamente afectados los derechos que claramente establece el artículo 42 de la Constitución Nacional”, añadió Sella.

Al referirse al artículo 42, el ombudsman señaló los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios “a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos”.

La Carta Magna señala que “las autoridades proveerán a la protección de esos derechos” y que “la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional”.