Daniel Zamudio, dependiente de un negocio, fue atacado la madrugada del 3 de marzo por ser homosexual. En plena vía pública le dieron puñetazos y patadas en la cabeza, le golpearon con piedras, le fracturaron huesos, le quemaron con cigarrillos, le cortaron una oreja y con una botella quebrada le marcaron el símbolo de la esvástica en la espalda y pecho. Un guardia del parque San Borja de Santiago lo encontró a las pocas horas en estado grave. Inmediatamente fue ingresado de urgencia en el hospital, donde los médicos lo mantuvieron en coma inducido para estabilizar su salud. Aunque cinco días después logró abrir los ojos y mover las manos, el 19 de marzo sufrió una parada cardiorrespiratoria, producto del grave daño cerebral.
“Este es el delito más grave que se ha cometido en el país en los últimos veinte años. Es impresionante el nivel de violencia que presenta el cuerpo de Daniel, a quien torturaron durante cinco a seis horas”, señaló Jaime Silva, el abogado de la familia Zamudio.

La policía, tras investigar a todos los grupos neonazis que acostumbran a deambular en la zona donde se produjo la paliza, detuvo a los cuatro sospechosos: Alejandro Angulo (26), Raúl López (25), Patricio Ahumada (25) y Fabián Mora (20). Los tres mayores tenían antecedentes penales por hurtos, robos, ataques homófobos y xenófobos.

La fiscalía adelantó que si Zamudio fallecía pediría que se les condene por homicidio calificado consumado, que puede ser castigado con un mínimo de 40 años de cárcel.
Iván Zamudio, padre del joven agredido, dijo que su hijo ya había sido molestado con anterioridad. “Era asiduo a las discotecas. Nos contaba que había unos tipos que lo amenazaban a la salida. Eran neonazis y ya lo habían agredido”, señaló hace unos días.

El caso de Zamudio ha reabierto el debate sobre la homofobia en Chile, un país donde el 42% de los jóvenes homosexuales reconoce haber sufrido acoso de manera frecuente, según los datos difundidos por la organización Todo Mejora. Los ciudadanos han organizado actos masivos fuera del hospital para manifestar su repudio total al ataque y condenado los hechos a través de redes sociales como Twitter. Políticos y líderes de opinión también han expresado su rechazo ante estos actos de violencia, que pocas veces han adquirido tanta notoriedad pública. De hecho, un sacerdote jesuita, Marcos Cárdenas, a través de una carta abierta que ha generado gran interés de la ciudadanía, criticó al catolicismo por la postura histórica que ha mantenido respecto de los homosexuales: “Sectores de la Iglesia poseen una posición intolerante que no comparto”.

El Congreso chileno, que tiene bajísimo respaldo ciudadano, al igual que toda la clase política del país, discute desde hace siete años un proyecto de ley antidiscriminación. La iniciativa legal pretende penalizar la segregación por origen étnico, religión, creencia, estado civil, género y orientación sexual. En noviembre, cuando fue discutido en el Senado, un grupo de 13 legisladores, en su mayoría de derecha, lo rechazó por considerar que abría la puerta al matrimonio homosexual. Tras la paliza a Zamudio, el Gobierno de Sebastián Piñera pidió que el proyecto de ley se discutiera con urgencia. Sin embargo, diversos grupos de defensa de las minorías sexuales consideran que el texto es todavía insuficiente.

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, anunció que elaborará un mapa para detectar los puntos de la capital donde habitualmente los homosexuales son víctimas de agresiones. De acuerdo con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la discriminación hacia los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales aumentó un 34% en el país durante 2011. Del total de casos, un 63,4% se produjo en la capital chilena.

Hace ahora una semana que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Chile por haber discriminado a la juez Karen Atala. En 2004, la Corte Suprema le quitó la custodia de sus tres hijas por ser lesbiana y convivir con su pareja en el mismo hogar que las niñas. El fallo del organismo internacional, inédito en la región, impide a los tribunales que segreguen por orientación sexual e identidad de género en el momento de definir la custodia de los menores de edad. Y exige al Estado chileno que cumpla una serie de normas para impedir que este tipo de casos se repita en el país.
Fuente: El País