La medida, en el marco del proyecto para expropiar el 51% de las acciones de la compañía, recibió el apoyo del Frente para la Victoria (FPV) y de legisladores aliados, mientras que el radicalismo y el peronismo disidente se opusieron a respaldar la intervención, encabezada por el ministro de Planificación, Julio De Vido, y por el viceministro de Economía, Axel Kicillof.

En la audiencia, recibió también dictamen favorable el decreto que amplía la intervención a la empresa YPF Gas.

El jefe del bloque de senadores oficialistas, Miguel Pichetto, valoró el hecho de que el Congreso “dé señales de gran responsabilidad, más allá de las diferencias y objeciones legítimas” y el “apoyo político institucional” a una medida que, dijo, “ha repercutido a nivel internacional”.

Pichetto destacó la decisión parlamentaria de “otorgarle al gobierno los instrumentos que necesita para cuidar el patrimonio y los activos” del país, y aseguró que el oficialismo se prestará a “un debate profundo” sobre YPF cuando el tema sea discutido en el recinto.

Su par de diputados, Agustín Rossi, utilizó una ironía para respaldar la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de designar a De Vido al frente de YPF. “Lo sorprendente -dijo el legislador- hubiese sido que ponga al ministro de Salud”.

“La Presidenta -agregó Rossi- pone al frente de esta intervención al funcionario del área correspondiente de mayor envergadura y a quien ha tenido la responsabilidad todos estos años de la cuestión energética”.

El jefe del bloque de senadores radicales, Luis Naidenoff, justificó el rechazo del radicalismo al considerar que “no es la más acertada ni la única medida” que se podía adoptar y calificó como “una pésima señal” la designación del De Vido.

El diputado nacional, Enrique Thomas, del Frente Peronista, fue el encargado de manifestar el rechazo de su bloque a la intervención y avisó que firmarían un dictamen alternativo.

Al exponer los argumentos por los cuales se resolvió la intervención y expropiación de YPF, el presidente de la comisión bicameral, Jorge Landau, consideró que sobre la cuestión YPF se contraponen “dos intereses”.

“Por un lado, los del Estado argentino que busca el autoabastecimiento como una forma de protección de la actividad económica argentina y los intereses del grupo Repsol que van por la rentabilidad y maximización de la misma y apuntar a franjas segmentadas del mercado”, acotó.

El diputado nacional, Juan Tunessi (UCR), calificó por su parte como “inconstitucional e ilegal” la intervención y consideró que “constituye un precedente gravísimo” ya que “para intervenir en una compañía privada se requiere de un orden judicial que aquí no se exhibió”.