No alcanza con expropiar el 51 por ciento de las tenencias de Repsol. Es necesario ir más allá, condenando el modelo energético vigente por 20 años de privatización y avanzando sobre las otras transnacionales para recuperar soberanía energética. Es la hora de pasar de la mercantilización a una concepción de derecho a la energía.

La sociedad debe empujar el cambio del modelo energético, no sólo contra Repsol sino contra todos los monopolios transnacionales que operan los hidrocarburos: Chevron, Petrobras, Total, Panamerican Energy, British Petroleum, entre otras.

La obligada expropiación no puede terminar en habilitar concesiones a otras transnacionales. No se trata de identificar a Repsol como el malo y a las demás empresas como las buenas.

Nuestra posición apunta a la soberanía energética en el marco de la integración regional contra la dependencia. Por ello sostenemos la socialización de YPF y otras empresas, sin indemnización, sustentando la posición en la cuantiosa remisión de utilidades al exterior durante la explotación privada y la depredación realizada en los pozos concesionados.

El pago en carácter indemnizatorio y la compra al valor bursátil de las acciones sería un injusto regalo de despedida para los saqueadores y grandes ganadores de un modelo energético que ha fracasado; en tanto solución para las necesidades populares y ha sido un gran éxito en tanto estrategia de transferencia de capital para el desarrollo de los países centrales.

Más que inversión externa ingresada, Repsol reproduce la lógica de inversores que remiten utilidades al exterior generadas con super explotación de fuerza de trabajo local y depredación de recursos no renovables.

¿Por qué hay que pagar indemnización si lo que hicieron es vaciar YPF a tal punto que hoy importamos petróleo y combustibles? No podemos pagar por lo que es nuestro, es decir, patrimonio social del pueblo de la Argentina; mucho menos, cuando las privatizaciones estuvieron plagadas de corrupción, donde se falsificaron los balances y se alteraron los informes sobre las verdaderas reservas con fines especulativos.

La realidad es que exportaron nuestras riquezas y recursos de manera que, en estos años, se redujeron las reservas petroleras del 18 al 7 por ciento y en gas del 30 al 7 por ciento. Además, no se exploró y no se abrieron ni remodelaron nuevas destilerías.

Entonces, insisto: los que deberían indemnizarnos son ellos.

Nuestra realidad es la pérdida de la soberanía energética, y Repsol utilizó a YPF como plataforma de expansión como operador transnacional.

La riqueza social generada con trabajo en Argentina es la base de sustentación de las ganancias de Repsol, las que contribuyen a disimular la crisis española, europea y mundial.

La responsabilidad del saqueo no es sólo de la transnacional, sino también de los inspiradores originarios del proyecto privatizador y de sus continuadores por dos décadas.

Es necesario señalar al pacto de Olivos (el bipartidismo) que entregó el control de los recursos naturales a las provincias para sellar la complicidad de los gobiernos provinciales y el nacional, que, en conjunto, omitieron ejercer el debido control sobre las empresas y sus concesiones, prorrogadas en estos últimos años. En rigor, los poderes del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial) son responsables por subordinarse a la lógica de mercado de los capitales más concentrados.

Por eso vemos con preocupación la conformación de una empresa de carácter mixto, el mantenimiento de YPF como una sociedad anónima, que abre la puerta a los negociados con el patrimonio del pueblo.

La composición mixta siempre será contradictoria con los intereses del pueblo. Es que las lógicas capitalistas de ganancia son contradictorias con una proyección de la energía como bien público.

Mientras sigan los inversores privados continuará el criterio economicista de mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, y por lo tanto no hay ecuación posible que nos permita usar la energía con un contenido altamente social.

Éstas son nuestras razones para proponer una empresa socialmente gestionada, con el Estado y la participación en la gestión de los trabajadores y la comunidad. El carácter excedentario de YPF nos permite afirmar la posibilidad de una eficiente gestión socializada.

Sostenemos una YPF 100% PÚBLICA, NACIONAL Y SOCIAL para el PUEBLO.

Se trata de transformar la realidad, anulando las concesiones, volviendo la propiedad de los recursos naturales a la nación y realizando la reforma fiscal necesaria que asegure recursos suficientes a las provincias para su gasto social.

Lo que está en juego es el derecho a la energía. Hay que terminar con el ciclo histórico que trató todo como una mercancía. La educación, la salud, la alimentación, la energía son derechos de la población.

La región americana vive su tiempo histórico de recuperación de un proyecto emancipador. Es hora de que el país asuma el compromiso de protagonizar esa tarea en defensa de la soberanía y la integración regional, con un modelo donde la energía sea considerada un valor estratégico, tratada como un bien social y un derecho humano al que todos deben tener acceso.

Ésta no es una pelea con España y Europa. Repsol no es española o europea. Los trabajadores españoles, europeos y argentinos tenemos el mismo enemigo: el neoliberalismo, el capitalismo; su modelo productivo y de desarrollo.

Debemos preguntarnos el para qué de la energía; ¿para qué y para quién producir petróleo? Hace falta petróleo, gas, energía para un modelo productivo y de desarrollo alternativo, que satisfaga las necesidades populares y no el objetivo de GANANCIAS. Es un debate nacional, regional y mundial.

ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.