La iniciativa que incluye cambios en el Inmobiliario Rural -que obtuvo media sanción del Senado y que pasó a Diputados para su tratamiento- es objetado por las principales entidades del campo, que anunciaron la puesta en marcha de medidas de fuerza que contemplan la no comercialización de productos.

Desde las primeras horas de la mañana, alrededor de medio millar de ruralistas, entre los que se encontraba el titular de la Sociedad Rural Argentina, Hugo Biolcatti, y el vicepresidente segundo de Federación Agraria Argentina, Guillermo Giannassi, se concentraron frente a las puertas de acceso de la Cámara de Senadores.

Ante el inminente inicio de la sesión, arrancaron una puerta del enrejado perimetral que tiene la Legislatura provincial y tras enfrentarse con personal civil de seguridad de la Cámara, algunos dirigentes ruralistas lograron ingresar al recinto.

Tras la aprobación del proyecto en el Senado y previo a lo que iba a ser su tratamiento en Diputados, los ruralistas se enfrentaron nuevamente con personal de seguridad y algunos militantes que se encontraban en las inmediaciones, a quienes arrojaron piedras, botellas y el contenido de matafuegos.

En la trifulca resultaron heridas 6 personas entre personal de seguridad y militantes: cinco de ellos con contusiones producto de golpes y uno con una herida cortante en el cuero cabelludo.

Si bien la intención del oficialismo era darle sanción al proyecto, finalmente la Cámara baja no pudo tratarlo ante la falta del quórum necesario de dos tercios, ya que la iniciativa -al provenir de manera directa del Senado- no contaba con despacho de comisión.

El titular de la Cámara de Diputados, Horacio González, señaló este jueves por la tarde que proyecto fue girado a comisión y que “se pidió el tratamiento para la próxima sesión con o sin despacho“, por lo que no se necesitarán los dos tercios para su tratamiento.

La iniciativa, elaborada por el Poder Ejecutivo pero que fue modificada en el Senado, posibilita al gobierno recaudar unos 2685 millones de pesos, de los cuales cerca de 900 se destinarán a los municipios para compensar la pérdida en los ingresos por coparticipación.

El proyecto autoriza también al gobierno provincial a realizar nuevos endeudamientos por 2.200 millones de pesos, además de eliminar las exenciones fiscales que gozan las cooperativas, y otros beneficios que cuentan en la actualidad el servicio de televisión por cable y la telefonía móvil.

La senadora por el Frente para la Victoria, Nora De Lucía, sostuvo en el recinto que el aumento en el Inmobiliario Rural constituye una “imposición patrimonial progresiva y nadie puede pensar que eso no es distribución del ingreso”.

“El impuesto Inmobiliario Rural está totalmente distorsionado y el Poder Ejecutivo tiene la decisión política de adecuar los valores de las parcelas rurales al año 2012”, graficó la legisladora.

De Lucía sostuvo que el campo “también pide más rutas, salud y escuelas agrarias y por eso es el momento de este cambio porque hay una decisión política de pensar que en una sociedad equitativa todos debemos apoyar esta reforma”.

Una fuente de la cartera de Economía bonaerense explicó a Télam que con la reforma al Inmobiliario “el mayor incremento rondará el 40 por ciento y sólo lo recibirán las partidas de mayor valor” y aclaró que este jueves “la valuación promedio de una hectárea de campo representa sólo el 10% del valor de mercado”.