En sesión especial, aprobó, por ocho votos contra dos, el dictamen de la comisión investigadora que había presentado 33 cargos contra el Jefe Comunal.

Los ocho ediles de la oposición consideraron que correspondía la suspensión del jefe comunal, que no podrá extenderse más allá de los 90 días, según lo que establece el artículo 249 de la Ley Orgánica de Municipalidades.

En ese plazo, el Concejo Deliberante deberá expedirse de forma definitiva acerca de qué medidas tomar para con el intendente. Si ese plazo venciera sin que mediara un veredicto, Altieri recuperará su lugar.

Ahora, concejales de Pinamar consideran que Altieri planteará ante la Justicia un conflicto de poderes. Según explicaron a La Política Online pueden pasar dos cosas: Quedar separado del Ejecutivo hasta tanto un juez defina si existe o no un conflicto de poderes, o mantener su cargo hasta que haya una segunda medida que puede ser la destitución.

La sesión se inició pasadas las 18.30 y se extendió tras las 20.15, cuando una amenaza de bomba apuró los plazos, ya que se definió la votación cuando aún quedaban dos oradores por realizar su alocución.

El Ejecutivo quedará ahora en manos del concejal Hernán Muriale, primer concejal de la boleta con la que Altieri ganó la elección distrital.

Según los ediles de Pinamar, la presencia de medios nacionales durante la sesión de hoy implicará un rápido pronunciamiento de la Justicia.

El principal cargo contra Altieri tiene que ver con la adjudicación de viviendas. La polémica y las denuncias comenzaron cuando el Instituto de la Vivienda bonaerense resolvió descalificar a los adjudicatarios de un barrio construido por ese organismo hace diez años debido a que hallaron irregularidades que alcanzan a 22 de los 25 moradores.

Entre los beneficiarios se encontraron dos hijas del intendente vecinalista, allegados y hasta familiares de funcionarios locales. Pero el caso estalló en la opinión pública cuando funcionarios municipales vinculados a Altieri golpearon al periodista Gonzalo Rodríguez, más conocido como “Gonzalito”, mientras realizaba un informe para el programa de TV Caiga Quien Caiga.

El complejo de viviendas había sido construido a mediados de 2000 en pleno centro de la ciudad balnearia a través de un convenio entre el organismo bonaerense y la -hoy desaparecida- Fundación Eco-Pinar, por el que originalmente se planeó erigir 150 unidades familiares (programas Bonaerenses II y VI y Solidaridad Entidades).

Finalmente sólo se construyeron 25, bajo el paraguas del decreto 3201/70, que regula la adjudicación de las viviendas sociales.

Durante 2011 las autoridades del Instituto de la Vivienda provincial realizaron tres censos a fin de normalizar la situación dominial de las fincas, que arrojaron como resultado la decisión de “desadjudicar” a la mayoría de los habitantes en virtud de las siguientes irregularidades: “falta de ocupación real y efectiva, existencia de bienes en cabeza de los beneficiarios, falsedad en las declaraciones juradas”, según consta en la resolución N° 1099, rubricada el 16 del actual por el administrador general del organismo bonaerense, Gustavo Aguilera.

Pero además, hay denuncias por irregularidades durante remodelación del Hospital Comunitario; denuncias relacionadas a los balnearios; el otorgamiento de exenciones tributarias; la existencia de decretos sin firma y de contenido replicado; el contrato con la empresa Covelia; el recorrido de la empresa de colectivos Montemar; la suspensión de los talleres de Cultura; el incumplimiento de ordenanzas vigentes y el veto de insistencias del Concejo Deliberante, entre otros cargos.