Diez años atrás Israel tomaba una decisión que despertó cuestionamientos en casi todo el mundo: levantar un muro para separarse de Cisjordania, con la excusa de defenderse de los ataques procedentes de los territorios palestinos.

Cuando el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, ordenó el 16 de junio de 2002 la construcción del muro, corrían los sangrientos días de la segunda Intifada (levantamiento palestino) contra la ocupación israelí.

Sólo en la primera mitad de ese año murieron unos 200 israelíes en atentados suicidas de militantes palestinos y 11 días antes de que se empezara a construir el muro, 17 israelíes fallecieron cuando se inmoló un palestino, mientras que dos días después del inicio de la construcción, otros 19 fallecieron en un atentado similar.

En este violento contexto, una amplia mayoría de los israelíes apoyó la construcción del muro de 723 kilómetros de largo y varios metros de altura, que invade territorio palestino, es decir al Este de la Línea Verde establecida tras la primera guerra árabe-israelí en 1948, conocida por los israelíes como Guerra de la Independencia.

Desde su inicio, el costo de la supuesta seguridad de Israel la pagan los casi 500.000 palestinos que se ven afectados por la construcción de este muro.

Cada día, todos los campesinos palestinos cuyas tierras se encuentran entre la Línea Verde y el muro deben atravesar una de las 66 puertas que posee el muro para llegar a sus campos.

Tres veces al día, soldados israelíes abren esos accesos durante cerca de media hora y sólo quienes tengan un permiso especial, pueden acceder a sus campos para regresar por la noche a sus casas.

En 2003, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución exigiendo a Israel que interrumpiese la polémica iniciativa.

El caso fue remitido a la Corte Internacional de Justicia (CJI) de la Haya, que el 9 de julio de 2004 dictaminó que la construcción del muro israelí en Cisjordania es ilegal, ya que constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional humanitario.

El máximo tribunal destacó, entonces, que las excepciones por motivos de seguridad previstas en el derecho internacional humanitario, no pueden invocarse para justificar medidas que benefician los asentamientos israelíes ilegales a expensas de la población palestina sometida a ocupación.

La CIJ concluyó que Israel debía detener la construcción del muro dentro de los territorios palestinos ocupados, derribar lo ya construido y reparar el daño causado.

Pero el gobierno israelí rechazó las recomendaciones de la CIJ y continuó adelante con el muro que, en un 80%, está construido dentro del territorio palestino, por lo que quedan aisladas entre sí comunidades y familias, separa a los campesinos de sus tierras y a los palestinos de sus lugares de trabajo, centros educativos y de salud y otros servicios esenciales.

Se trata de una estructura de hormigón que incluye alambres de púas, zanjas, zonas de arena o tierra fina para detectar huellas, torres de vigilancia, caminos asfaltados a cada lado para permitir patrullar a los tanques, así como zonas adicionales de defensa y áreas restringidas de diversa profundidad.

Según el diseño de su trazado, el objetivo es rodear los más de 50 asentamientos israelíes donde viven un 80% de colonos, incluyendo extensas áreas de tierra alrededor de ellos, lo que permitiría crear una continuidad de los asentamientos con Israel y separar la zona del resto de Cisjordania.

Sharon, quien al igual que otros conservadores se había opuesto al aislamiento de Cisjordania, cedió pese a su temor de que el muro anticipase las fronteras definitivas de Israel.

Sin embargo, el conflicto entre israelíes y palestinos permanece aún hoy estancado y la lógica idea de dos Estados no avanza.

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) quiere su Estado en el contexto del territorio capturado por Israel en la Guerra de Seis los Días de 1967.

El presidente palestino, Mahmud Abbas, presentó en septiembre pasado una solicitud de membresía de la ONU para un estado palestino en Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén este como su capital, pese a la fuerte oposición de Israel y Estados Unidos que sostienen que la paz en la región sólo puede llegar de la mano de negociaciones palestino-israelíes.

Sin embargo, uno de los mayores obstáculos de las negociaciones tiene que ver con los asentamientos en Cisjordania, territorio ocupado en el que Israel se niega a dejar de construir viviendas, una condición inamovible por parte de los palestinos para retomar el diálogo.

A diez años del inicio del levantamiento de este muro, los atentados en Israel disminuyeron, aunque no está claro si es producto del muro o por el fin de la Segunda Intifada, que comenzó el 28 de septiembre de 2000 y concluyó oficialmente el 24 de febrero de 2005.
Fuente: Télam