En declaraciones a Cazador de Noticias, el edil expresó: “Punta Mogotes es el único complejo que atraviesa una situación de este tipo en todo el litoral de la provincia de Buenos Aires”.

Y repasó: “el tema viene desde 1984, cuando el intendente Angel Roig y el gobernador Alejandro Armendariz firmaron un convenio, posteriormente respaldado por la Ley 10.233, por el cual se creó la administración de Punta Mogotes”.

“En ese entonces – explicó Alcolea – había una deuda por el complejo, con lo cual la Provincia se quedó con el 70 por ciento y la Municipalidad de General Pueyrredon, con el 30”.

Sin embargo, a colación, el legislador local advirtió: “la normativa basada en el convenio original dice expresamente en el último inciso del último artículo que, una vez extinguida la deuda, el contrato debe ser denunciado y la administración del complejo volverá al ámbito local”. “Por eso, a casi 30 años del acuerdo, me parece prudente ir por la recuperación”, insistió.

Al respecto, Alcolea dijo: “en todo este tiempo pasamos de los pesos a los australes, volvimos a los pesos, tuvimos un montón de hiperinflaciones, etc, etc; en consecuencia, estimo que la deuda ya no debe existir y, en todo caso, creo que se mantenido de forma artificial”.

Por lo tanto, poco después, afirmó: “mi propuesta es ir hacia delante, asumiendo la deuda si es que aún se conserva y con el fin de tomar las riendas del complejo para aplicar los mismos controles que se llevan a cabo en el resto de los establecimientos de la ciudad y también para reforzar las arcas municipales con ese canon para luego no tener que ir de rodillas a la Provincia pata poder pagar sueldos”.

Más allá de esos planteos, el concejal de la oposición admitió que la cuestión “no es tan fácil como parece pues se debe respetar el orden jurídico y los contratos ya firmados con los concesionarios” y, en la misma sintonía, “llevar tranquilidad a todos los que trabajan en Punta Mogotes”.

Consultado por los expedientes previos a su proyecto, Alcolea resumió: “había dos dando vueltas; eran parecidos pero no iguales y lamentablemente habían ido a parar al cajón porque sus impulsores no había logrado un acuerdo”.

“Me pareció un pecado que ocurriera algo así porque se trataba de buenas ideas. Entonces, ante la imposibilidad de conversar con Diego Garciarena por haber cumplido ya con su mandato, me reuní con Leandro Laserna y Diego Monti y Nicolás Maiorano y Verónica Beresiarte para contarles de la iniciativa”, destacó.

Por último, en tanto, sostuvo: “con ellos concordamos que hay que dar por terminado el convenio, pero aún resta cristalizar la parte más compleja que tiene que ver con la decisión política y con el desarrollo administrativo”.

“En virtud de eso, si esto que hoy es una resolución no encuentra una reacción por parte del Ejecutivo, pasará a convertirse en un proyecto de ordenanza que obligue a actuar al Intendente”, remató Alcolea.