Asimismo, las iniciativas establecen la creación de un registro nacional de deudores alimentarios en mora y plantean restricciones para estas personas, como el impedimento de obtener o renovar el pasaporte, las licencias de conducir y las tarjetas de crédito o la apertura de cuentas bancarias.

Quienes adeuden cuotas alimentarias tampoco podrán conseguir habilitaciones para aperturas de comercios o industrias o desempeñarse en cargos públicos, así como para obtener concesiones, permisos o licitaciones.

El oficialismo pretende que los proyectos sean tratados en comisión a la brevedad para que la normativa sea sancionada antes de fin de año.

La primera de las leyes propuestas, denominada de protección, sanción y erradicación de la violencia y abuso de poder en el grupo familiar, determina que las denuncias podrán hacerse ante cualquier instancia judicial, policial o administrativa de la Nación, las provincias o los municipios, y que podrá solicitarse la reserva de identidad del denunciante.

Agrega que los niños y niñas y adolescentes podrán denunciar “por sí los hechos que los afectan” ante cualquiera de estos ámbitos y que los testimonios podrán ser verbales o escritos e incluso por vía de correo electrónico o en lenguajes alternativos en el caso de personas discapacitadas.

El proyecto incorpora también la llamada “denuncia solidaria” para que terceros o “todos aquellos que se sientan afectados” por una situación de violencia puedan efectuarla sin necesidad de la presentación de pruebas.

Además, dispone la apertura de cursos de capacitación para todos los ámbitos del Estado encargados de recibir las acusaciones, de modo que los agentes “estén preparados sobre cómo actuar ante una víctima de este tipo de delitos”.

“El principal objetivo es excluir al denunciado del hogar para poner fin lo antes posible a este tipo de situaciones”, explicó Aníbal Fernández, quien agregó que se dispondrá el impedimento de la portación de armas para los denunciados que las posean.

El senador del Frente para la Victoria admitió que “todas las leyes que se puedan hacer” en este sentido “son insuficientes” pero consideró que si se aprueban estas propuestas serán “herramientas contundentes” en la lucha contra la violencia familiar.

Y añadió: “lo primero que tenemos que hacer es proteger a la familia de aquel que comete este tipo de abuso de poder“.

En idéntico sentido, advirtió que ”no se puede esperar ver más muertes para conmoverse“ y destacó el hecho de que los niños ”puedan ser oídos“ cuando padecen hechos violentos en el seno de la familia.

En el caso de terceros o funcionarios públicos ”obligados a denuncias y que omitieren cumplir con dicha obligación se les impondrá una multa diaria equivalente al uno por ciento del sueldo básico de un juez por cada día de demora o pena de arresto de hasta diez días“.

”Si se tratara de un superior jerárquico la multa será de hasta el diez por ciento del sueldo de un juez y la pena de arresto será de hasta 30 días“, agrega el texto de la iniciativa.

La norma contempla la adopción de ”medidas de protección“ luego de efectuada la denuncia, como la exclusión del denunciado del hogar y disponer alimentos provisionales a favor del damnificado cuando el excluido fuese el sostén principal del hogar.

En el caso de que no permaneciere en el domicilio, se fijará para el damnificado un domicilio diferente para ”protegerla de posibles agresiones“ o se la ingresará a casas de refugio, hogares alternativos y hoteles.

A la vez, prevé programas de prevención en medios de difusión masiva, la creación de un registro estadísticos sobre denuncias por violencia familiar y la inclusión de planes de atención y tratamiento en obras sociales y empresas de medicina prepaga.