La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó al ex titular de la SIDE en el menemismo Juan Bautista Yofre, a ex agentes de inteligencia y periodistas por el supuesto acceso ilegal a cuentas de correo electrónico de políticos, funcionarios y otras personalidades cuyo contenido se comercializaba y luego era difundido en lo que calificó como un “microemprendimiento criminal”.

El procesamiento alcanza, además de Yofre, a Pablo Carpintero, Héctor Alderete, Carlos Pagni, quien hasta 2007 trabajó en Ambito Financiero y luego en La Nación; Edgar Mainhard, de Urgente 24; Roberto García, quien en ese momento se desempeñaba en el diario Ambito Financiero; Néstor Ick y Daniel Reimundes, informaron fuentes judiciales.

En la causa se investigan los delitos de asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado.

Yofre fue procesado con un embargo de 500.000 pesos como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a espiar a funcionarios públicos.

En su resolución, la jueza entendió que “a lo largo de esta compleja y consecuentemente extensa y dilatada instrucción se han reunido elementos de convicción suficientes para estimar que los hechos investigados constituyen una multiplicidad de delitos que resultan penalmente responsables de su comisión, con distinto grado de participación”.

“Advierto que el conocimiento y análisis del profuso caudal probatorio reunido en estas actuaciones no deja lugar a dudas de la existencia, cuanto menos desde agosto de 2006 y hasta junio de 2008, de una empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico”, detalló.

Agregó que “gran parte de esa información obtenida de los correos electrónicos de funcionarios públicos del gobierno nacional debía permanecer secreta en función de la seguridad, la defensa y las relaciones”.

El pasado viernes se conoció que el fiscal federal de San Isidro Sebastián Basso le había pedido a la jueza Arroyo Salgado estos procesamientos por el supuesto acceso ilegal a cuentas de correo electrónico de políticos, funcionarios y otras personalidades cuyo contenido se comercializaba y luego era difundido en lo que calificó como un “microemprendimiento criminal”.

La fiscalía enmarcó el delito dentro de una “asociación ilícita” y entendió que en la causa Yofre y los ex agentes Iván Velázquez, prófugo, y Pablo Carpintero, montaron la organización para vender lo producido.

Además imputó como partícipes necesarios a Raimundes, general retirado, al empresario Néstor Ick, a los periodistas Carlos Pagni, Roberto García y Edgar Mainhard, y a quien estaba a cargo del portal de Internet Seprin, Héctor Alderete.
Fuente: Télam