Lejos de resultar un eufemismo, la frase dicha durante una cena de oficiales por quien fuera gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires entre el 8 de abril de 1976 y el 28 de marzo de 1981, definió la matriz del aparato represivo que operó durante esa época, ratificado con el nombramiento del genocida Ramón Camps a cargo de la jefatura de la Polícia bonaerense.

Bajo su mando, operó uno de los más siniestros circuitos del terrorismo de Estado, con numerosos centros clandestinos de detención y exterminio como “Coti Martínez”, “Arana”, “Pozo de Quilmes”, “Pozo de Banfield”, la Brigada de Investigaciones de la Plata y la Comisaría Quinta, conocidos bajo el nombre de Circuito Camps.

Quien se jactaba aún en plena democracia de haber hecho desaparecer a “cinco mil subversivos”, falleció procesado por los delitos que se le imputan en la causa conocida como Circuito Camps, en la que está imputado por un caso de homicidio y por el de co-autor material de privación ilegal de libertad y tormentos en 61 hechos.

La causa es investigada desde septiembre de 2011 por el Tribunal Oral Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata, que juzga a 26 imputados por los hechos ocurridos en Circuito Camps y también los sucedidos en la casa de ´Teruggi-Mariani´ de la ciudad de La Plata, incluida la apropiación de la menor Clara Anahí.

Entre los casos que se le imputaban a Saint Jean se encuentra el secuestro y las torturas sufridas por el periodista y director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, ocurrido el 15 de abril de 1977.

Un mes atrás, el Tribunal había resuelto en el mismo juicio incorporar la acusación contra quince represores -entre ellos Saint Jean- por el homicidio del abogado del grupo Graiver -propietario de Papel Prensa-, Jorge Rubinstein.

La medida se basó en la identificación de más de 10 cuerpos enterrados como NN en los cementerios de Avellaneda y Lanús por parte del Equipo Argentino de Antropología Forense, cuyos integerantes declararon en el juicio.

Con la resolución en la que Saint Jean podía haber recibido pena de prisión perpetua, el Tribunal ordenó enviarlo al hospital Penitenciario de Ezeiza para que los médicos evaluaran su estado de salud, a pedido de la defensa.

Tras sucesivas presiones denunciadas por el Tribunal ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la defensa para evitar que el imputado preste declaración por razones de salud, fue trasladado al Hospital Militar Central, donde los magistrados pudieron recibir su testimonio el 17 de septiembre pasado.

Las leyes de impunidad habían permitido que Saint Jean gozara plenamente de la libertad hasta que la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final en 2004, y el inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad, la justicia logró detenerlo en mayo de 2008, 27 años después de ponerse al frente del plan de exterminio en la provincia de Buenos Aires.

La misma impunidad permitió también que se pronunciara en apoyo a la invasión militar a las Islas Malvinas en 1982, y declarar públicamente que su balance era “altamente positivo para el país, más allá del dolor de la derrota”.

El juicio que se realiza en La Plata y que tiene a 26 represores imputados comenzará su etapa de alegatos el 5 de noviembre y se espera sentencia para el mes de diciembre, aunque en el banquillo se sentarán veinticinco.