La mandataria además dispuso que el canciller Héctor Timerman viaje de inmediato a Nueva York, donde el lunes iniciará reclamos ante el Consejo de Seguridad de la ONU y otros organismos “donde se tratan violaciones a los derechos humanos y delitos financieros”.

Según adelantó el canciller, “el lunes a las 10” mantendrá una reunión en la sede de las Naciones Unidas “con el presidente del Consejo de Seguridad”, y realizará gestiones con otras comisiones y organismos, a fin de destrabar la situación de la Fragata y lograr su liberación.

Timerman lo expresó esta tarde desde la Casa de Gobierno, al difundir un comunicado oficial acompañado por el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, referido a la situación de la Fragata Libertad, retenida en el puerto ghanés de Tema por una resolución judicial en una causa iniciada por un “fondo buitre”.

Indicó que el fallo de la Justicia del país africano que ordena la detención de la Fragata “no sólo es violatorio de los Tratados Internacionales que obliga a la República de Ghana a garantizar la inmunidad de los buques de guerra, sino que además ha colocado en riesgo los derechos humanos de los 326 tripulantes que se encuentran a bordo, entre ellos ciudadanos de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Sudáfrica”.

El canciller indicó que “en su sentencia, el juez ha prohibido la provisión de combustible a la Fragata”, lo que “impediría el funcionamiento de los generadores de energía que a su vez abastecen la cocina cámaras frigoríficas que preservan los alimentos, baños, duchas, agua corriente y luz eléctrica”.

“Aún más grave es que el desabastecimiento de combustible dejaría sin efecto el sistema de lucha contra incendios, y las bombas de achique si se inunda el barco e impide el control de averías”, agregó.
En ese sentido, expresó que “la única respuesta del juez ante el pedido argentino que contemple las posibilidades de una tragedia y la imposibilidad de contar con los elementos básicos de todo ser humano, fue que lleguemos a un acuerdo con el fondo buitre que ha presentado la demanda”.

“Queda claro entonces -sostuvo Timerman-, la intención del juez de obligar a un país soberano a negociar con una entidad dedicada a la piratería financiera desde su guarida fiscal en el Caribe”.

Y resaltó que “esa opción, como se dijo ayer, es la única inaceptable para la Argentina”.

El canciller expresó también que “dicha actitud del Poder Judicial de Estado de Ghana deja en evidencia el verdadero transfondo de la operación”, dado que “un acto que a prima facie parecía un embargo comercial, se le ha caído la careta y deja ver el verdadero rostro del poder de los fondos buitres” que operan desde sus guaridas fiscales“.

En ese marco, puso de relieve que dichos fondos ”organizan un ataque que no es ni más ni menos que un secuestro, una extorsión y un acto de piratería contra un país soberano, miembro fundador de las Naciones Unidas y de reconocida participación en innumerables misiones de paz en los cinco continentes“.

Advirtió además que ”ni el juez, ni los fondos buitres, ni sus socios argentinos lograrán torcer la decisión de un pueblo y su Gobierno de rechazar las extorsiones a las que se nos quiere someter“.

Al dar a conocer el documento oficial, Timerman expuso que ”ante esta situación la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido evacuar en forma inmediata a la totalidad de los tripulantes, argentinos y no argentinos, a fin de preservar su integridad y dignidad, dejando a bordo únicamente al capitán y una dotación mínima necesaria para atender a la Fragata mientras permanezca detenida en el puerto“.

Asimismo, indicó, ”Argentina hace responsable al gobierno ghanés de todos y cada uno de los daños que sufra la Fragata Libertad hasta su liberación, y de todos los perjuicios ocasionados por un acto ilegal y violatorio de las normas internacionales.

Por último, Timerman confirmó que la Presidenta lo instruyó “a trasladarse en forma inmediata a la sede de las Naciones Unidas”, donde el lunes a las 10 de la mañana se reunirá con el presidente del Consejo de Seguridad, “así como con todas aquellas comisiones que tratan las violaciones a los derechos humanos, los tratados internacionales y los delitos financieros”.
Fuente:Télam