La medida del gobierno argentino, que paga en pesos a los italianos, las pensiones que les llegan liquidadas en euros, es arbitraria, ilegítima, y además afecta gravemente el poder adquisitivo y el derecho de propiedad, toda vez que los beneficiarios son sujeto de una pérdida de valor de pensiones que provienen de su sacrificio, de su trabajo o de servicios prestados como la participación en conflictos bélicos.

Rizzi pide al Embajador italiano protección y amparo hacia los jubilados italianos, ante una “intromisión inaceptable que viola derechos y que burla la voluntad de un país extranjero que manda euros para que sus beneficiarios reciban euros”, y no para que arbirariamente el Estado argentino se quede con esas divisas a cambio de un valor desventajoso forzosamente pagado en pesos.

El abogado, activista de la colectividad italiana, que fue condecorado por Italia con el titulo de Caballero de la Orden de la “Stella della Solidarietá”, funda su pedido en el artículo 3.1 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas y consulares, que señala que “son funciones de una misión diplomática proteger en el Estado receptor los intereses de sus nacionales”.