En principio manifestaron que “el proyecto oficial de modificación de la Ley de Riesgos de Trabajo fue redactado a medida de los intereses de las ART (Aseguradora de Riesgo de Trabajo), donde su contenido surge de los fundamentos de las políticas liberales y neoliberales, no atiende la prevención de la salud laboral y, por lo tanto, tampoco reducirá los niveles de litigio”.

A modo de repaso histórico, contextualizaron la situación afirmando que “para los que vivimos la década de los 90 y sufrimos las consecuencias de las políticas neoliberales en su máxima dimensión, esta iniciativa nos hace recordar cuando se defendieron los mismos intereses y contenidos que se dispusieron a través del proceso de la flexibilización laboral. Lamentamos profundamente que, una vez más, se deje al trabajador en inferioridad de condiciones frente a las corporaciones”.

En ese marco, ampliaron el concepto de la declaración y explicaron que “los trabajadores del ámbito de la energía, y en particular de la energía eléctrica, vivimos las consecuencias cuando los grupos económicos se apoderaron de las ART. Porque fue un mecanismo de abaratamiento de la vida del trabajador que padecía de un accidente o enfermedad profesional y porque disminuyeron las inversiones para la protección y prevención del trabajador. Es tan degradante el proceso que vivimos con la flexibilización, que el mejor negocio para la ART ha sido pagar por la vida o la incapacidad de un trabajador que hacer inversiones que garantizaran el desarrollo de las políticas preventivas”.

Claros y contundentes, enfatizaron que “denunciamos el contenido de este proyecto de ley, porque en lugar de poner el centro en la prevención y el resguardo de la salud de los trabajadores pone el eje en garantizar el lucro para los grupos corporativos”.

Con respecto al argumento que se sostiene desde el oficialismo, “de que la reforma aumentará las indemnizaciones”, aclararon que “eso sucederá sólo en contados casos porque la mayoría de las enfermedades profesionales quedan fuera del ámbito de considerarse como tales. Lo que significará que en la práctica no bajarán los niveles de reclamos en el ámbito judicial”. Para luego agregar que “este es un nuevo golpe a los costos que enfrentan las obras sociales sindicales. Dado que, al no hacerse cargo las aseguradoras de determinadas enfermedades profesionales son las obras sociales las que asumen la solución de los problemas generados en el ámbito laboral”.

Luego de que se preguntaran “¿quién se beneficiará con la eliminación de la denominada doble vía?”, evaluaron que “es un chantaje al conjunto de los trabajadores. Porque es lo mismo que preguntarse quién tiene más poder: si las corporaciones que manejan miles de millones de pesos o los trabajadores tercerizados, en negro, subcontratados, sin derechos y con un salario promedio que está en el orden $3.500”.

Por otra parte, también denunciaron que “se violan derechos internacionales y se condicionan a los trabajadores a recurrir a la justicia civil, porque se obliga a los trabajadores a recurrir a jueces y normativas que no tienen la conciencia ni la sensibilidad social que tienen los jueces del trabajo que son los jueces naturales para estos temas”.

Después de todo lo expuesto, culminaron la declaración afirmando que “este proyecto de ley no resuelve el problema de fondo que es la prevención de los riesgos de trabajo. Lo que hace es actualizar los montos a cobrar, no actualiza el universo de enfermedades laborales, deslinda aún más a los empresarios y el Estado de la responsabilidad sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores y elimina los principios protectorios que rigen en la justicia del trabajo”.