El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, declaró el receso para los trabajadores públicos del distrito durante todo enero, excepto para áreas sensibles como la salud, la seguridad y el transporte, en una decisión que servirá a la provincia para “racionalizar el gasto”.

Los cordobeses empleados por el Estado provincial deberán tomar vacaciones entre el 2 y el 31 de enero, aunque según lo indicado por el Gobierno eso “no afectará los servicios públicos esenciales ni áreas críticas” como la salud y el transporte.

La decisión del gobernador -adoptada mediante un decreto conocido hoy- llegó en un momento de ajustada situación financiera para la provincia, distanciada de la Nación por diferencias políticas y por un litigio judicial por una deuda previsional que mantiene la Casa Rosada con Córdoba de unos 1.400 millones de pesos.

De la Sota firmó el decreto 1292/2012, el cual señala que la medida apunta a tener un “ordenado manejo de los recursos materiales y humanos, como así también para lograr la racionalización del gasto público”.

Aclara no obstante que durante el receso, a la Mesa de Entradas del Ministerio de Administración y Gestión Pública le será asignada la función de Mesa de Entradas de todo trámite o gestión administrativa que, en forma excepcional, pudiera iniciarse.

No gozarán del beneficio el personal de los Ministerios de Salud (a los agentes que prestan servicios en centros asistenciales), de Seguridad (Policía y Dirección de Defensa Civil) y de Justicia y Derechos Humanos (Servicio Penitenciario).

La medida tampoco incluye a los empleados de los Ministerios de Transporte, de Educación (al personal de las escuelas de zonas serranas, que dictan clase en verano), y de Administración y Gestión Pública (a los agentes afectados al Plan de Contingencias y a la Dirección de Jurisdicción de Mesa de Entradas).

“La experiencia indica que en este periodo se observa una marcada disminución de trámites y gestiones en determinadas áreas”, señaló la gestión De la Sota al dar a conocer la decisión oficial.

Asimismo, la normativa deja abierta la posibilidad para que los organismos descentralizados de la Administración Pública de Córdoba puedan dictar normas análogas, otorgando la licencia anual ordinaria a su personal, sin afectar la prestación del servicio a su cargo.