Fuentes judiciales informaron que Heit (29), imputada por “privación ilegal de la libertad agravada coactiva”, y Olivera (28), acusado por el mismo delito en concurso real con “abuso sexual con acceso carnal reiterado”, declararán ante la fiscal María Marta Corrado.

Los voceros dijeron a Télam que Corrado, a cargo de la Unidad de Delitos Sexuales de Bahía Blanca, fijó las audiencias para el próximo 30 de noviembre, oportunidad en la cual ambos acusados podrán contar su versión de los hechos, tras negarse a declarar la primera vez que fueron citados, a poco de ser detenidos.

“Corrado leyó toda la causa y está analizando todos los elementos que fueron secuestrados, como teléfonos celulares, cámaras fotográficas y computadoras, que serán sometidos a diversas pericias”, detalló un vocero consultado.

Entre los elementos que analiza se encuentran más de 60 CDS e imágenes que quedaron registradas en el chip de uno de los teléfonos celulares de la pareja.

Los voceros agregaron que la fiscal tiene previsto, en tanto, citar a la víctima del hecho la semana próxima.

“Si todavía la víctima no fue dada de alta del hospital de Coronel Suárez será la propia fiscal la que se traslade en comisión hacia esa ciudad”, agregaron los informantes.

Corrado comenzó a trabajar en la investigación ayer, ya que como estuvo de licencia la causa fue instruida por su colega Claudia Lorenzo.

El hecho comenzó a investigarse el lunes 12 de noviembre pasado, cuando una mujer denunció en la comisaría de Coronel Suárez que acababa de huir de una casa situada en Grand Bourg al 1800, en la que había estado cautiva tres meses, a lo largo de los cuales había sido golpeada, abusada sexualmente y mantenida en pésimas condiciones de salud.

Según la pesquisa, la víctima, oriunda de la localidad rionegrina de Río Colorado, había llegado a Coronel Suárez tras conocer a Olivera, quien le prometió que formaría parte de una comunidad religiosa y que la ayudaría a continuar sus estudios.

Una de las sospechas es que, en realidad, Heit y Olivera utilizaron a la mujer y se la llevaron a Coronel Suárez para apoderarse del dinero de la venta de un terreno que tenía y de giros postales que recibía de familiares y amigos.

De acuerdo a la denuncia, la mujer era obligada a trabajar como empleada doméstica y sometida a diversos abusos y vejámenes, que fueron grabados con un teléfono celular.

Además, la víctima contó que fue obligada a escribir una carta de suicidio, por lo que los investigadores creen que los captores la iban a matar o dejarla morir para luego simular que se había matado.