Gracias a la participación en los principales bastiones islamistas, el respaldo al texto constitucional en las urnas se elevó en la segunda fase a un 71%, unos 15 puntos más que en la primera. Por ejemplo, en las provincias sureñas de Beni Suef y Qena rozó el 85%. Sumando ambas jornadas, la cifra se sitúa en un 64%. De las 27 provincias, el no se ha impuesto en tres, y en dos de ellas por un escaso margen.

Los líderes islamistas se han felicitado por la consecución de un hito que califican de “histórico”. “Esperamos que la aprobación de la nueva Constitución sea una oportunidad histórica para unir todas las fuerzas políticas sobre la base del respeto mutuo“, declaró Murad Alí, uno de los portavoces del Partido Libertad y Justicia (PLJ), el brazo electoral de los Hermanos Musulmanes. De acuerdo con la normativa vigente, no se requería ningún tipo de mayoría cualificada para ratificar la ley fundamental.

No obstante, la oposición considera ilegítimo el proceso de redacción y aprobación de la Constitución. “Se han registrado unas irregularidades generalizadas que han alterado el resultado... Vamos a presentar una denuncia documentándolas al Fiscal general y a la Comisión Electoral”, afirmó en un comunicado el Frente de Salvación Nacional, la principal coalición opositora que reúne a personalidades políticas como el premio Nobel de la Paz Mohamed el Baradei, y los excandidatos presidenciales Amr Musa y Hamdin Sabbahi.

Debido a la celeridad de la convocatoria a las urnas, ninguna organización internacional vigiló el referéndum. Sí lo hizo una veintena de ONG egipcias, la mayoría de las cuales solicitó públicamente la repetición del proceso a causa del fraude. Entre las infracciones más comunes citadas por los observadores estuvo la realización de campaña en las mezquitas y dentro de los propios colegios electorales, así como la falta de jueces para garantizar la limpieza de la votación.

La Comisión Electoral está estudiando las alegaciones antes de ofrecer el resultado oficial de la consulta. Ahora bien, las opciones de que desaire al Gobierno y exija la repetición del proceso entero son más bien escasas. También durante las elecciones presidenciales hubo pruebas de fraude, pero las autoridades judiciales que supervisaron los comicios concluyeron que eran menores y no influyeron de forma decisiva en el resultado.
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A decir por sus declaraciones durante los últimos días, los islamistas parecen ser conscientes de la necesidad de ampliar el respaldo social a la Carta Magna. “Los artículos que rechaza la oposición son una quincena. Estamos dispuestos a negociar con ellos enmiendas, y aprobarlas en el nuevo Parlamento”, dice Ashraf Ismail, líder de los Hermanos Musulmanes en la provincia de Beni Suef.

Más allá del elevado porcentaje recabado por el no, hay otro dato muy significativo: la participación apenas superó el 30%, la cifra más baja de todas las votaciones celebradas tras la caída de Hosni Mubarak, hace casi dos años. En las elecciones presidenciales, casi la mitad del censo ejerció su derecho al voto. “Una Constitución que solo apoya el 20% del censo, frente al 80% que la rechaza o la boicotea no goza del consenso suficiente para ser legítima”, opina el analista Abdel Maguid.

Actitud desafiante de la oposición

La oposición, formada sobre todo por partidos laicos, mostró ayer una actitud desafiante que hace presagiar nuevos pulsos. “Continuaremos luchando para hacer caer esta Constitución a través de medios pacíficos”, proclamó Amr Hamzawy, una figura política ascendente entre los liberales. Los resultados de ninguna de las cinco citas con las urnas desde la caída de Mubarak han conducido a la clase política hacia la búsqueda de consensos. En el horizonte ya se perfila la próxima batalla: las elecciones legislativas, previstas para dentro de un par de meses.

Pero este referéndum sí podría servir para poner fin a las manifestaciones de las últimas semanas, algunas de las cuales desembocaron en batallas campales entre islamistas y laicos y se saldaron con una decena de víctimas mortales. Con su entrada en vigor, la Constitución derogará el decreto que otorgaba a Morsi un poder cuasi absoluto, raíz de la enésima crisis política del Egipto posrevolucionario. Hasta la elección de la nueva Asamblea Popular, el poder legislativo pasará de las manos de Morsi a las del Senado, donde las diversas corrientes islamistas gozan de una amplia mayoría.

A grandes rasgos, se puede concluir que Morsi y los Hermanos Musulmanes se han salido con la suya en el pulso con la oposición gracias a su formidable maquinaria electoral, aún imbatida. Ahora bien, su última victoria parece más bien pírrica. Entre sus elevados costes, un poder judicial declarado en rebeldía, una oposición más unida y la dimisión de siete de los asesores presidenciales. El Ejecutivo no es inmune a las disensiones que han provocado las polémicas decisiones del rais Morsi.

La renuncia de mayor peso tuvo lugar el sábado, antes de que se cerraran las urnas: el vicepresidente Mahmud Mekki. Juez de reconocido prestigio por haberse atrevido a plantar cara a Mubarak, Mekki ya estuvo a punto de dimitir en las últimas semanas. Pese a que algunas informaciones apuntaron también a la salida del director del Banco Central, el Gobierno se apresuró el sábado a desmentirlo.

Una de las posibles lecciones de la batalla constitucional es la confirmación de que los islamistas forman una minoría social que, gracias a su alto nivel de movilización y cohesión, se torna mayoría política en las urnas. Ahora bien, no posee la capacidad de decidir el destino de Egipto sin el consentimiento de una parte importante de la sociedad. En este sentido, constituye toda una advertencia que en El Cairo, auténtico cerebro del país, el porcentaje del no alcanzara un 57%.

Con la economía al borde del colapso, los Hermanos Musulmanes deben decidir si se empecinan en gobernar de forma unilateral, o bien hacen propósito de enmienda y tienden puentes a la oposición. El poder absoluto conlleva una responsabilidad exclusiva, y si fueran incapaces de superar los enormes desafíos que tiene el país, las urnas podrían acabar pasando factura. Incluso a la más poderosa maquinaria electoral de Oriente Próximo.