El texto, que declara a Cataluña “sujeto político y jurídico soberano” superando los límites que impone la Constitución española, abre un conflicto con el gobierno central del derechista Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que no está dispuesto a aceptar el desafío surgido de la opulenta aunque endeuda región.

La declaración fue aprobada por 85 votos -de los 133 presentes-, 41 en contra y hubo 2 abstenciones, anunció la presidenta del parlamento regional, Nuria de Gispert.
 
Cinco diputados socialistas no votaron –rompiendo la disciplina partidaria- por discrepancias con la decisión del líder de su partido de rechazar la resolución, mientras los representantes del PP catalán se retiraron del parlamento en el momento de la votación.
 
La afirmación soberanista había sido pactada por los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), del presidente catalán Artur Mas, y los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), segunda fuerza política, por lo que ya tenía garantizada su aprobación parlamentaria por mayoría absoluta.

Los ecosocialistas de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) se sumaron posteriormente al acuerdo tras una mínima modificación del texto original, al que se le eliminó la referencia al “Estado propio en el marco europeo”, ya que consideraban que fijaba ese horizonte como proyecto.
 
A cambio de su apoyo, exigieron también que el texto hiciera hincapié en el “derecho a decidir del pueblo de Cataluña”, para que se abriera la posibilidad a que se pudieran debatir otros proyectos en el futuro, y no sólo la opción de la independencia.
 
Al cerrar el debate, CiU remarcó el carácter “histórico” de la resolución y dejó la puerta abierta a todos los partidos para sumarse al proceso.
“El camino del derecho a decidir está abierto. Esta no es una declaración a favor de la independencia ni del federalismo, es una declaración a favor de la democracia”, afirmó Oriol Pujol, líder del grupo parlamentario de CiU.
 
Hasta último momento se buscó el apoyo de los socialistas catalanes, muy divididos en torno al debate soberanista, pero su líder, Pere Navarro, decidió oponerse al considerar que la iniciativa es “ilegal” y “declarar la soberanía es una declaración unilateral de independencia”, según dijo antes de la votación.
 
“Van a cometer un error fatal. Nosotros proponemos que los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer el derecho a decidir en el marco de la legalidad”, añadió el líder de los socialistas, que presentó un texto alternativo en el que planteaban negociar una reforma constitucional para alcanzar un Estado federal.
 
Al inaugurar la sesión parlamentaria, Mas remarcó que “si los catalanes dependemos más de nosotros, las cosas nos irán mejor”.
 
No obstante, advirtió que se requieren “consensos amplios” tanto para “construir un país nuevo” como para superar la crisis económica.
En la misma línea, el líder independentista Oriol Junqueras remarcó que el futuro de los catalanes “estará mejor en manos de los ciudadanos que de los políticos españoles”.
 
“La crisis económica nos obliga a disponer de mejores herramientas para ayudar a nuestros ciudadanos. Es necesidad y urgencia”, remarcó.
 
Por el contrario, la líder del PP, Alicia Sánchez Camacho, acusó a CiU y ERC de “iniciar una ruptura con España” y “generar incertidumbre” con una declaración unilateral de independencia que es “inconstitucional”.
 
“Hoy es un día triste para Cataluña”, se lamentó Sánchez Camacho, quien subrayó que “la democracia no existe sin legalidad”.
 
En tanto, Albert Rivera, de Ciutadans, hizo hincapié en que “Cataluña no tiene derecho a la autodeterminación de acuerdo con el derecho internacional porque “es parte de un Estado democrático”.
 
“Quieren decirle a la Unión Europea y a la ONU que están oprimidos, y eso es un delirio, ¿A quién quieren engañar?”, dijo.
 
Con esta afirmación de soberanía, el gobierno de Mas, quien abrazó el independentismo en medio de peor crisis económica en décadas, quiere dar el primer paso para lograr la independencia de la norteña región de España. La clave del proceso es la celebración de un referendo de autodeterminación en 2014.
 
Sin embargo, el gobierno de Rajoy rechaza la celebración del referendo por inconstitucional -con el argumento de que la soberanía reside en el pueblo español- y ya advirtió que utilizará todas las herramientas jurídicas para frenarlo.
 
El proceso a partir de ahora se presenta complicado. El debate soberanista ya provocó un conflicto dentro de la federación CiU, por las dudas de uno de sus máximos líderes, Joseph Antoni Duran i Lleida.
 
La cuestión es clave porque CiU ha sido la impulsora del nuevo proceso soberanista de Cataluña y una ruptura podría poner fin a toda la aventura secesionista.
 
Es la cuarta vez que el Parlamento catalán proclama el derecho de autodeterminación de Cataluña, aunque en esta ocasión supone un desafío mayor para la frágil España, sumida en una crisis sin precedentes y con una parte importante del pueblo catalán movilizado como nunca a favor de la independencia.