Al reclamar las penas en la primera jornada de alegatos del juicio contra 17 acusados, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que representan a la familia de Ferreyra consideraron que se trató de un “homicidio calificado agravado por el concursos de dos o mas personas” según un “plan previamente articulado para “aleccionar” a los trabajadores precarizados.

Idénticas penas pidió para los acusados Pablo Diaz, Cristian Favale y Gabriel Sánchez, en calidad de “coautores”, y del comisario Hugo Lompizano, jefe del operativo policial, este último en calidad de “participe necesario” del crimen.

Los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino acusaron a Pedraza y a Fernández como “instigadores” del asesinato y consideraron que durante el juicio quedó “probado con certeza ese rol” del jefe gremial y su mano derecha, en lo que denominó “un plan criminal previo” a los hechos.

El móvil para idear el crimen, sostuvo la querella, era “conservar la hegemonía política” de Pedraza y Fernández dentro de la Unión Ferroviaria.

La querella definió al crimen como “una cacería humana con al menos cuatro armas usadas en este hecho”.

A siete oficiales de la Policía Federal se los acusó porque liberaron la zona de Barracas en la que fue asesinado Ferreyra y colaboraron con el ataque de los ferroviarios.

En tanto, el Tribunal Oral Criminal 21 liberó al comisario de la Policía Federal Hugo Lompizano, quien había quedado preso el sábado por faltar al inicio de los alegatos.