Por los Dres. Fernando Román González, Gabriel Tirreli y Fernanda Huerta, presidente, vicepresidente y secretaria respectivamente.
Colegio de Abogados de Mar del Plata.
En innumerables oportunidades este Colegio de Abogados se ha expedido sobre la responsabilidad social que les pesa a los medios de comunicación en las llamadas “Sociedades de Conocimiento” que hoy nos toca vivir, sin que ello implique un menoscabo al derecho de libertad de expresión constitucionalmente consagrado.
Especialmente hemos sostenido que cuando se encuentra en desarrollo un proceso judicial que tiene un notorio impacto en la opinión pública, como es en particular el Jury a un Juez - por ejemplo el promovido contra el Dr. Pedro Hooft - la prudencia en los influyentes debe extremarse.
Siempre reclamamos evitar instalación de la justicia anticipatoria, popular o mediática, proponiendo tolerancia y paciencia hasta el resultado procesal y el respeto a la presunción de inocencia, igualdad ante la ley y el derecho a la defensa en juicio.
Esto es porque la única justicia válida es la ventilada en un expediente y es la que emana de estos principios constitucionales, derivando de ello el más severo rechazo a toda definición extra proceso.
Ello se agrava cuando quienes como hombres de derecho, representantes de la abogacía organizada, y particularmente representantes de instituciones que agrupan a funcionarios y magistrados somos los que traspasamos esos límites, en tanto nuestros dichos pueden confundir a cualquier lector desprevenido o eventualmente presionar a quienes deben investigar, condenar o absolver.
Por tal razón, es que el mejor favor que se le puede hacer a cualquier encausado es evitar expresar una opinión anticipatoria, dado que esta solo puede molestar al Juzgador, además de atentar contra uno de los pilares fundamentales del estado de derecho, como es la independencia del poder judicial, garantía irrenunciable para el respeto de los derechos de los ciudadanos.
Es por esto que creemos necesario una vez más manifestar que una sociedad se construye y se defiende con tolerancia y serenidad, aun en el disenso, respetando el orden jurídico legal e institucional, canalizando nuestros diferendos en los procesos creados a tal efecto, teniendo los especialistas en derecho, la enorme responsabilidad de evitar la tentación de la justicia mediática, en tanto ella puede generar en la sociedad un descrédito fútil, quitándole autoridad al imperio de la ley.
ACLARACIÓN: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.