Así, manifestó: “Comenzó a emerger la realidad oculta detrás del anuncio; la pretensión de instaurar una nueva sobretasa destinada al gasto que la iniciativa originaría y de cuyo cobro sobredimensionado la comuna podría obtener algunos recursos para paliar la gravísima crisis financiera que actualmente sufre”.

“De acuerdo a los primeros informes los dos o tres primeros años resultarían prácticamente de preparación de la nueva fuerza que recién podría, en el caso improbable de que legalmente se la habilitara, estar en condiciones de actuar pasado dicho término”, señaló APROPOBA.

Además, detalló: “Claro que siempre habrá instituciones o personas que por distintos intereses apoyen la idea, o al menos la apoyen aquellos que la representan. Resulta más que inexplicable que precisamente la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito lo haga cuando desde su dolor debería haber entendido hace tiempo que la responsabilidad en la inseguridad es eminentemente político”.

“Lo cierto es que a muy pocos días de la consulta popular indicadores no oficiales indican que más del 70% de la ciudadanía resulta opositora al proyecto, porcentaje que aumenta día a día”, puntualizó.

Por último, afirmó: “Esta innegable realidad ha hecho redoblar esfuerzos del ejecutivo municipal, que en lugar de recoger velas y campear el temporal de la mejor forma redobló la apuesta sumando la distribución de folletería de alta calidad y colocación de mesas en las esquinas atendidas por jóvenes, gasto que por más que se señale como “inquietudes de vecinos”, todos sabemos con qué fondos se pagan”.