En esa resolución, el magistrado alertó sobre un intento de “cercenar un derecho de la ciudadanía” y afirmó que “es de público y notorio conocimiento que distintas organizaciones, asociaciones, colegios, desarrollaron una estrategia común para formular planteos de similares características en distintas jurisdicciones del país”.En esa línea, Ramos Padilla recordó que “estos planteos de inconstitucionalidad fueron diseminados en los distintos juzgados, buscando que al menos un juez -ya ocurrió en dos casos- con competencia federal dicte una medida cautelar, o en el mejor de los casos una sentencia definitiva, que suspenda los próximos comicios”.Ese “modo de actuar, enmascarado dentro del legítimo derecho de peticionar a las autoridades y el reconocido acceso a la justicia que resguarda nuestra Constitución y numerosos tratados de derechos humanos, constituye un ejercicio abusivo de ese derecho”, enfatizó el magistrado.El juez rechazó suspender las elecciones, se declaró incompetente y remitió el expediente a su colega porteña María Servini de Cubría -con competencia electoral en la Capital Federal- y envió las actuaciones al Consejo de la Magistratura para que analice los hechos y se “arbitren los medios necesarios para que estas acciones concertadas no generen el daño institucional descripto”.Párrafos antes había estimado que se estaba operando una suerte de “fórum shopping” como se conoce en Tribunales a la maniobra consistente en presentar varias demandas sobre el mismo tema en diversos juzgados hasta obtener uno que haga lugar y allí centrar luego el avance del expediente.Ramos Padilla dijo que en el caso de prosperar el pedido del Colegio de Abogados local “no sólo suspendería el derecho del ciudadano de ejercer en los próximos comicios la posibilidad de expresar y elegir a los abogados que integrarán el Consejo de la sino que además ello se habrá logrado de manera irregular”.En ese sentido explicó que ello se habría obtenido “con una acción emparentada con el fórum shopping” que “consiste en un procedimiento desleal mediante el que se obtiene la intervención de un magistrado que habrá de hacer lugar a las pretensiones”.Sobre el pedido de los abogados dijo que “la pretensión que se explicita en la demanda es la de cercenar a la ciudadanía el derecho reconocido en la ley de elegir a sus representantes jueces y abogados que habrán de integrar el Consejo de la Magistratura”.“No me caben dudas que el modo de elegir a los jueces debe provenir de una discusión racional, alcanzada en los ámbitos de mayor representación democrática del país y que los jueces y abogados no podemos colocar por encima de los intereses del Pueblo nuestros reclamos corporativos”, enfatizó Ramos Padilla.

El magistrado añadió que “la ampliación de derechos” de los magistrados “y la limitación de los derechos del Pueblo, sobre la base de una interpretación judicial obtenida a partir de una catarata de amparos que de manera concertada se diseminaron a lo largo y ancho del país, constituye un acto de extrema gravedad institucional”.