El Vaticano informó que Paolo Cipriani y el subdirector Massimo Tulli entregaron sus renuncias “en el mejor interés de la institución y de la Santa Sede”. Cipriani, junto con el entonces presidente del banco, comenzó a ser investigado en el 2010 por sospecha de violar leyes contra el lavado de dinero.

La policía había confiscado 23 millones de euros (30 millones de dólares) de una cuenta del Vaticano en un banco de Roma. Ninguno de los funcionarios ha sido acusado formalmente y el dinero fue devuelto.

Pero el banco, denominado Instituto de Obras Religiosas, ha permanecido bajo sospecha de que ha sido usado como refugio de cuentas millonarias para evitar impuestos.

Horas antes se informó que un prelado del Vaticano arrestado en un caso de corrupción por 20 millones de euros (26 millones de dólares) fue interrogado por magistrados italianos por primera vez y ha solicitado arresto domiciliario.

 Investigación por orden del Papa

El Papa creó una comisión de investigación sobre el funcionamiento del Instituto para las Obras de la Religión (IOR), nombre oficial del banco del Vaticano. La finalidad declarada es lograr “una mejor armonización del Instituto respecto a la misión de la Iglesia católica” y que “los principios del Evangelio impregnen las actividades de carácter económico y financiero”.

La prensa dedujo que a eso estaba dedicado Francisco cuando declinó, el sábado pasado, asistir al concierto por el Año de la Fe, en el Palacio Apostólico, y optó por permanecer en Santa Marta.

Cinco personas que gozan de la total confianza del Papa pondrán la lupa en el funcionamiento del banco de la Santa Sede para diseñar una reforma. La comisión deberá examinar “la posición jurídica y las actividades del Instituto para lograr una mejor armonización de éste con la misión de la Iglesia universal y de la Sede Apostólica”.

Se trata de:

Raffaele Farina, cardenal italiano, de 80 años

Jean-Louis Tauran, cardenal francés, 70 años

Mary Ann Glendon, jurista estadounidense, 74 años

Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, arzobispo español, de 62 años

Peter Bryan Wells, teólogo estadounidense, de 50 años

La presencia de dos estadounidenses en la comisión fue leída como un indicio de que efectivamente hubo un especial activismo del Episcopado de los Estados Unidos antes del cónclave en pro de una reforma del Banco Vaticano, y de que esta campaña tuvo efecto en el Sumo Pontífice.

La comisión fue creada a través de un motu proprio, es decir, una ley promulgada directamente por el Papa. Como signo de su decisión de hacer cirugía mayor, entre las atribuciones del nuevo ámbito está la de recoger “documentos, datos e informaciones necesarias para el desarrollo de sus funciones”, sin límites de ningún tipo, ya que el mismo documento papal señala que “el secreto profesional y otras restricciones establecidas por el ordenamiento jurídico [del IOR] no limitarán el acceso de la comisión”.

Según el vocero Federico Lombardi, esto responde al “deseo del Santo Padre de conocer mejor la situación jurídica y las actividades del banco del Vaticano y permitir una mayor armonización con la misión de la Iglesia universal y la Sede Apostólica”.