La Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria buscan por estas horas dentro del país a los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo Ramón de Marchi, quienes se escaparon del Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires y habían sido condenados en San Juan por la desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, secuestrada en octubre de 1976.

De todas maneras, notificaron a Migraciones para evitar que abandonen el país, al tiempo que Interpol emitió el pedido de captura internacional para ellos.

Asimismo, para facilitar su captura, el Ministerio de Justicia ofreció además una recompensa de 2 millones de pesos a quien aporte “datos fehacientes que favorezcan la captura”. De su lado, la UIF dispuso el “congelamiento administrativo de bienes y dinero que pertenezcan a los prófugos, con el objetivo de lograr la inmovilización financiera de los terroristas de estado y facilitar, de esa forma, su inmediata detención”.

El organismo que conduce José Sbatella explicó en un comunicado que el congelamiento de bienes abarca a todas las propiedades y empresas de los represores, así como sus cuentas bancarias. “De esta forma, en caso de que intenten realizar cualquier movimiento financiero, como retirar dinero de un cajero o utilizar tarjetas de crédito, la UIF será automáticamente informada y, a su vez, informará a las autoridades de las fuerzas de seguridad pertinentes”, precisó.

En tanto, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, relevó y pasó a retiro a siete militares que estaban a cargo del área de salud del Ejército, e inició un sumario para dilucidar los hechos. Además, el funcionario prohibió que de ahora en más los condenados por delitos de lesa humanidad se atiendan en hospitales militares.