La apertura del canje de deuda en favor de los fondos buitre implica un nuevo aumento en la carga de la deuda externa, después de haber pagado -como reconoció la presidenta.- 175.000 millones de dólares en todos estos años.

Esta información derrumba el mito de que el país no tuvo financiamiento: en realidad, el ahorro nacional financió, y muy generosamente,  a los usureros internacionales. Pero tampoco es cierto que estos pagos implicaran “desendeudamiento” alguno: para cumplir con el capital financiero internacional, el Estado contrajo una deuda equivalente con el Anses y el Banco Central, que es de renovación indefinida y pago incierto. En consecuencia, la deuda pública total supera los 350.000 millones de dólares, el 75% del producto nacional.

El anuncio oficial viene después de un fallo de la Cámara de Apelaciones norteamericana en favor de los fondos buitres, pero que no prevé la ejecución de la sentencia. Es lo que exigían el gobierno norteamericano y el FMI: apretar a Argentina para que reabra el canje, pero sin afectar con embargos a los bonistas adheridos a los canjes anteriores. En un evidente acuerdo con ello, el gobierno “nacional y popular” responde ahora con una oferta a los fondos buitre.

La Presidenta anunció que enviará al parlamento la derogación de la ley cerrojo. Pero no ocurre lo mismo con las condiciones del nuevo canje, que constituyen un secreto de Estado. Por ejemplo, si estos fondos recibirán los beneficios del cupón PBI, lo que equivaldría a neutralizar cualquier quita.

En plena campaña electoral, el gobierno pretende exhibir una iniciativa política, en particular, frente a los “dueños de la pelota” que exigen una normalización financiera.  Gran parte de la oposición, que no quiere perder el padrinazgo de aquéllos, ya anticipó su apoyo a la apertura del canje, aún cuando este pacto antinacional con los “nacionales y populares” pueda significarles un golpe electoral.

Rechazamos esta nueva hipoteca sobre la economía nacional y los trabajadores. 
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