En primer lugar quiero expresar mi más absoluta solidaridad con todos los reclamos que el personal policial está realizando en estas horas.

Luego exhortarlos a que mantengan la serenidad necesaria para los momentos críticos, como lo hemos aprendido en nuestra vida policial. El respeto por las instituciones y las autoridades elegidas por el pueblo es esencial.

Es excelente, a mi criterio, la metodología elegida. Reunirse a reclamar sin interrumpir el servicio.

Los policías somos depositarios de la seguridad pública y no debemos, por ningún motivo, dejar las ciudades y los pueblos librados al accionar de los vandálicos de siempre; ni de los oportunistas que infiltrarán agitadores para potenciar el caos y obtener réditos políticos; y también de algunos que aprovecharan estos lamentables episodios para afirmar sus teorías de más reformas policiales o la creación de policías municipales. Para los mentores de estos proyectos he aquí una muestra de lo que les espera a la mayoría de los Municipios, que se verán en dificultades para financiar el costoso servicio policial propio. Si con la actual estructura los policías con mucha dificultad logran semejante movilización, con una organización municipal bastaran un par de llamadas telefónicas para dejar a una ciudad a merced de la delincuencia.
Pero los policías también somos ciudadanos y somos padre o madre de familia, con necesidades como todo trabajador. Y el nudo del problema radica –principalmente- en que las autoridades de los distintos gobiernos parecen haberse puesto de acuerdo en negar los derechos de los policías y en no escuchar sus reclamos, absolutamente legítimos y razonables para un país como es el nuestro. Y cuando se ven apremiados por alguna razón, se avienen a ofrecer lo que ellos llaman “mejoras”, que no es más que una ridícula oferta de baratijas menoscabando la inteligencia de los uniformados.

Saben perfectamente, están minuciosamente informados, y además les consta porque lo comprueban o lo ven personalmente, que el sueldo actual de los policías es inaceptable por donde se lo mire y que ello es objeto de reclamo desde hace años. Nada de baratijas como son las bonificaciones no remunerables, que son pan para hoy y hambre para mañana. Aumento genuino del sueldo básico es lo que se reclama, porque las bonificaciones no remunerativas si el efectivo se enferma, es herido o se jubila las pierde, igual que pierde las Co.r.es o las Pol.ad.

Que el personal policial herido en actos de servicio y sin poder trabajar, debe reclamar haciendo campamento o encadenándose en el edificio del Ministerio para que le paguen. Desde hace años ven estos reclamos por la ventana de sus despachos en el ministerio y les responden con baratijas o promesas. Generalmente con silencio.

Más de un policía asesinado por mes en lo que va de este año, sin embargo el gobierno no les da practica de tiro, y además les retiró todas las armas largas y dejaron algunas escopetas que deben usar con postas de goma; mientras tanto los delincuentes tiran con armas cada vez más modernas y potentes. Demuestran un profundo desprecio, o por lo menos desinterés, por la vida de los uniformados.

El uniforme policial es un producto muy costoso. Lo tiene que adquirir el policía de su propio bolsillo. A cambio les dan baratijas: unas monedas para mantenimiento del mismo y lo hacen figurar como “mejora salarial”.

Miles de policías quejándose durante años de las injusticias sufridas por los reescalafonamientos, efectos colaterales de las nefastas reformas arslanianas, y de otras barbaridades mayores aún, como son los ascensos mal administrados, que ocasionan una injusticia descalificante para quienes se esmeran profesionalmente para estar en aptitud de ascender, y ven que promueven a los acomodados con los Jefes o con políticos “amigos”.

El trabajo policial es excepcionalmente peligroso para la vida del trabajador, es excepcionalmente insalubre y es excepcionalmente estresante, diferente a los demás trabajos de la administración pública. Inclusive de la actividad privada. En consecuencias el sueldo básico del policía debe ser considerado excepcional por ser incomparable con los demás empleos de la administración provincial; y sus respectivos sindicatos deberían aceptarlo así. De lo contrario jamás tendremos un buen servicio de seguridad.

¿Cuánto tiempo hace que desde APROPOBA venimos llamando la atención de las autoridades para la solución de estos problemas?

MUCHOS AÑOS. OBVIAMENTE SIN RESPUESTA

Resulta que ahora, cuando los seres humanos policías, cansados, asqueados hasta el hartazgo de elevar disciplinadamente sus reclamos por las vías que corresponden sin ser atendidos, o a través de los distintos organismos representativos de los uniformados, deciden hacerse oír de manera directa, salen al cruce autoridades de los más altos niveles del gobierno provincial y municipal rasgándose las vestiduras argumentando que la policía esta extorsionando al poder o que es desestabilizadora del sistema democrático. El calibre o tamaño de estas acusaciones es proporcional a la desvergüenza de quienes las profieren.

Los miembros de las fuerzas policiales son esencialmente democráticos. La vocación de velar por la vida, los bienes y los derechos de las personas aún con riesgo de perder la vida, es propia de mujeres y hombres comprometidos como nadie con la democracia. La policía es a la democracia y al estado de derecho, como la rama al árbol.

Es por ello que cuando los políticos lanzan al voleo este tipo de acusaciones infamantes, demuestran palmariamente falta de capacidad para gobernar, y que les importa nada la democracia por la que gastan litros de saliva; solo les interesa conservar el puesto de poder alcanzado, es el temor a perder la carrera política que han elegido como medio de vida con privilegios, lo que realmente les quita el sueño y los enfurece.

Las fuerzas policiales, como queda demostrado diariamente, son sostenedoras del sistema democrático. Irresponsables y faltos de visión política, o criminales, son aquellos dirigentes que abandonan a su suerte a estas instituciones y a sus integrantes, o pretenden debilitarlas, atomizándolas con el único y mezquino interés de silenciarlas o reducirlas a la incapacidad de reaccionar, llegado el caso, en defensa del orden constitucional.

Lo que desoyeron y negaron durante años, ahora lo tienen que oír y ver todo junto y en público. Es el precio que se paga por la desidia o la falta de capacidad.

Ahora, ante el estallido de la crisis, tienen la posibilidad de aportar soluciones verdaderas, no baratijas. Y sin odiosas represalias que solo agravarían el conflicto.
Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.