Se trata de una iniciativa de 34 artículos, impulsada por el diputado nacional Carlos Kunkel, junto a un grupo de legisladores del oficialismo, que propone establecer “reglas precisas de convivencia” para la ciudadanía ante manifestaciones públicas.

El proyecto está en línea con el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo, cuando destacó la necesidad de sancionar “una norma de respeto y convivencia urbana”.

“Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, planteó la jefa de Estado en esa oportunidad.

De acuerdo a la iniciativa presentada por diputados del oficialismo, “toda manifestación pública deberá ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas”.

Asimismo, plantea que las manifestaciones “no podrán ser desalojadas por las fuerzas de seguridad, sin una mediación previa a cargo de personal civil del Ministerio de Seguridad de la Nación”.

El mediador, según el proyecto, se limitará a pactar las condiciones del fin de la protesta, identificar las demandas y coordinar encuentros entre los manifestantes y los representantes estatales o entes privados.

En los fundamentos del proyecto, que lleva las firmas además de Kunkel, de María Teresa García, Juan Manuel Pedrini, Sandra Mendoza, Diana Conti y Gustavo Campos, se sostiene además que la iniciativa “suma como aporte concreto a los principios democráticos”.

“Contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos”, enfatizaron.

La iniciativa plantea además la prohibición de la portación de armas de fuego “por parte de quien esté en contacto directo con los manifestantes” y aclara que “aquellos que las porten deberían guardar distancia prudente” durante la protesta.

En ese sentido, se sostiene que “la actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a disposiciones previstas en la Constitución, Tratados Internacionales y esta ley”, al reiterar que “el uso de la fuerza pública será limitado a su mínima expresión”.

Establece que el personal de seguridad deberá estar adecuadamente identificado, mediante uniformes y placas personales y plantea que “las armas que no sean de fuego, podrán ser utilizadas para la defensa de los funcionarios ante peligro inminente pero nunca como medio para dispersar una manifestación”.

“Ningún arma letal o no puede ser disparada directamente hacia los manifestantes”, precisa el texto impulsado por el oficialismo.

Asimismo, plantea que “el Estado garantizará que las manifestaciones legítimas, cuyo objeto sea dar visibilidad a reivindicaciones de derechos o demandas ante autoridades públicas o entidades privadas, cuenten con la adecuada difusión en medios públicos ya sean radiales, televisivos, gráficos y digitales”.

“Se trata de que ambos derechos sean garantizados: el de circular y transitar libremente y, por otro lado, el derecho a manifestarse públicamente mediante la protesta social”, enfatizaron los diputados, que resaltaron que con la iniciativa “se pretende hacer más eficiente la relación que se genera entre quienes buscan ser oídos y el Gobierno”.

Recordaron además que “las limitaciones del uso de la fuerza pública previstas no son una novedad sino que representan la continuación de una clara decisión política tomada por el presidente Néstor Kirchner y continuada por Cristina: la no represión de la protesta social”.

“Creemos indispensable continuar garantizando derechos, en este caso, los de protestar y peticionar ante las autoridades, en sintonía con otras medidas democráticas y respetuosas de los derechos humanos, tomadas por este gobierno que han sido emblemáticas”, aseveraron los diputados.

Además de esta iniciativa, semanas atrás el Frente Renovador presentó un proyecto en este sentido, que propone fijar espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal, y dotar de recursos tecnológicos necesarios para que sea debidamente difundida a la opinión pública.
Fuente: Télam