El caso sería el primero en llegar a juicio bajo esa modalidad en la Provincia, cuya ley fue promulgada en septiembre del año pasado y modificada el miércoles por la Legislatura.

En la última sesión de la Cámara de Diputados bonaerense se sancionó un cambio a la norma, estableciéndose que el sorteo de los ciudadanos que serán jurados sea articulado por el ministerio de Justicia, en lugar de por la Junta Electoral, como se había consignado inicialmente.
Luego de la promulgación de esta modificación, sólo restará la depuración del padrón electoral y el sorteo que realizará la Lotería de la Provincia.
 
Luego de la petición de la defensa de Martínez, el Departamento Judicial La Plata podría ser el primero en juzgar un caso de este tipo y ahora sólo resta conocer la fecha de inicio del proceso, dependiendo de la agenda del Tribunal Oral Criminal Nº5.

La decisión de ser juzgado por un jurado de ciudadanos comunes es una opción para el imputado, a la que puede negarse.

El fiscal de la instrucción Marcelo Romero confirmó que esa etapa del caso ya está terminada y que sólo resta conocer quién será el fiscal de juicio y la fecha de inicio.
 
El caso, caratulado como “tentativa de homicidio”, ocurrió en nuestra ciudad en 2013 y Horacio Martínez está acusado de haber atacado con un arma blanca a su vecino, Jaime Ramiro Alberto Almirón.

NUEVO SISTEMA

El sistema, previsto en la Constitución Nacional y que ya se aplica en las provincias de Córdoba y en Neuquén, sería así utilizado por primera vez en la Provincia en el Departamento Judicial La Plata.
 
Se prevé su aplicación para casos de la comisión de delitos graves, con penas superiores a los 15 años de prisión y tiene como objetivo el acercamiento de la ciudadanía a las cosas de la Justicia.

Los ciudadanos sorteados deberán participar en calidad de carga pública. Será requisito tener entre 21 y 75 años, saber leer y ser apto física y psíquica para la función.
 
Quedarán exceptuados de ser jurados los funcionarios públicos y miembros del Poder Judicial, así como quienes hayan sido procesados por algún delito, según establece la ley.