En el acuerdo el máximo tribunal -con las firmas de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, y el voto concurrente de Enrique Petracchi- dictó la inconstitucionalidad de un artículo de una ley sancionada en la década de 1990 que concentraba todas las causas previsionales en la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en la Capital Federal.
 
El fallo sostiene que la Cámara de la Seguridad Social “se encuentra en un estado de colapso debido a la sobrecarga de expedientes”, lo que “impacta directamente en uno de los grupos vulnerables que define nuestra Constitución -los jubilados-, que no logran obtener respuestas en tiempo y forma de los jueces cuando efectúan un reclamo en torno a su prestación previsional, de neto carácter vital y alimentario”.

La decisión de la Corte Suprema desparrama los reclamos previsionales en las cámaras federales de todo el país, lo que en teoría debería agilizar la tramitación de los expedientes, que en la actualidad se demoran años y llegan a frustrar las aspiraciones de los jubilados, algunos de los cuales mueren antes de cobrar sus reajustes.
 
En ese contexto, el máximo tribunal de la Nación firmó una Acordada en la que exhorta al Poder Ejecutivo a que ejerza “sus facultades como jefe del gobierno de la Administración Central de la República” y disponga que “las agencias bajo su ámbito lleven a cabo un acatamiento institucional de las decisiones reiteradamente tomadas por esta Corte” Ello significa que la ANSES deje de apelar hasta las últimas instancias los fallos que la obligan a pagar reajustes previsionales y se adecue a los fallos del máximo tribunal que dispusieron esas actualizaciones de haberes, informó la agencia DyN.

La Corte también reclamó al Congreso la creación de nuevos tribunales con competencia en materia de seguridad social, así como “dictar las disposiciones que permitan abreviar los procedimientos por los cuales tramitan esta clase de asuntos”.
 
El tribunal destacó que la unificación de todas las causas en el fuero federal de la Seguridad Social, dispuesto por ley en 1995, apuntaba a facilitar y agilizar la tramitación de los expedientes, pero “tales objetivos no se cumplieron sino que por el contrario (...) afecta en forma decisiva la posibilidad de que los jubilados obtengan en forma rápida y eficiente una respuesta de los jueces”