La inseguridad es el principal problema de los habitantes de la ciudad de Mar del Plata. Esta razón, sumada a la presencia en los medios de reacciones de la población frente a situaciones de inseguridad y de opiniones diversas respecto a las normas vigentes y su aplicación en casos de comportamiento delictivo, justifica el presente trabajo del Observatorio de la ciudad. Los objetivos específicos del estudio consisten en identificar sobre qué actores sociales recae, según la percepción de los encuestados, la responsabilidad de la situación de inseguridad actual e indagar la opinión acerca de las normas penales vigentes, su aplicación y la posibilidad de reformas. Para la investigación se trabajó con una muestra constituida por 547 personas mayores de 18 años, donde se distinguen tres grupos: abogados (83); estudiantes de abogacía (97) y lo que en este estudio se denomina muestra general: 367.

Según los resultados los encuestados manifiestan que el mayor peso de la responsabilidad corresponde a “las decisiones políticas” y “la educación”. La muestra general atribuye más responsabilidad a los jueces y leyes que los abogados y estudiantes de abogacía. Otras respuestas respecto a la responsabilidad fueron: el gobierno, la corrupción, los medios de comunicación, la falta de trabajo y la falta de cultura del trabajo, la pobreza, la droga, el minimalismo penal, las condiciones culturales predominantes como el consumismo, la supuesta necesidad o deseo de acceder a bienes que parecen imposibles de lograr salvo mediante acciones delictivas, entre otras.

Acerca de la situación de quienes cometen delitos en nuestro país, los datos de la muestra indican una apreciación en general, menos desfavorable en relación al sistema penal de parte de los abogados y estudiantes que la que realizan los demás integrantes de la muestra. Hay diferencias, aunque no demasiado significativas, en la percepción del grado de adecuación de las normas penales vigentes a la situación actual. En este sentido, los profesionales y estudiantes tienen una valoración más positiva.

En relación a la necesidad de reformar la legislación penal los encuestados manifiestan que creen que es necesaria la modificación en un porcentaje mayor que incluye, necesariamente, a los que creen que las normas sí son adecuadas.

A partir de estos datos se analizó la direccionalidad que debieran tener esas reformas: se observa así que el grupo sin formación jurídica se pronuncia mayoritariamente a favor de una modificación de la legislación orientada a una mayor rigidez, porcentaje que disminuye notablemente especialmente en los profesionales del derecho. Entre los estudiantes hay un porcentaje (12%) que considera que el cambio debiera ser para lograr normas menos rígidas, opinión casi imperceptible en porcentajes en los otros dos grupos.En relación a los aspectos a considerar para una posible modificación, del análisis resulta que las mayores discrepancias se dan respecto de la cuestión de la reincidencia y la minoridad.

Se consultó también si al momento de juzgar se debe tener en cuenta si cometió delitos anteriores como agravantes de la pena del nuevo que se comete. En la muestra general es muy alto el porcentaje de quienes estiman que sí debe ser considerado como agravante; el porcentaje disminuye en estudiantes y especialmente en los profesionales. Entre las razones que justifican el acuerdo en la consideración de la reincidencia como agravantes, se destaca la prevención.

En cuanto a la edad de imputabilidad las opiniones son diferentes en los grupos. Más de la mitad de la muestra general expresó que la modificaría mientras que el porcentaje disminuye en los otros dos grupos.

En relación a la aplicación de las normas y a la valoración de la actuación de la justicia en ese sentido, la opinión de la mayoría de la muestra general coincide en que no confía en la justicia y, además, se la considera demasiado protectora del delincuente. Entre abogados y estudiantes estos porcentajes disminuyen.

Acerca de los linchamientos hay coincidencia en reconocerlos como injustos; sin embargo, es preocupante la presencia de altos porcentajes que consideran que, por alguna razón, son comprensibles, sea por ausencia del Estado o por la inseguridad.

Mayoritariamente en la totalidad de la muestra los encuestados reconocen haber oído hablar de la necesidad de reformar leyes penales o bien de un proyecto de reforma de ese código, pero sólo un porcentaje significativamente menor manifiesta conocer cuáles son las posibles reformas. Los que respondieron afirmativamente en relación a cuáles son las posibles reformas mencionan bajar las penas, no considerar la reincidencia, eliminar cárceles, crear la figura de nuevos delitos, flexibilidad de las penas, eliminar la cadena perpetua, establecer alternativas a la pena de prisión, fijar como pena máxima los 25 años de cárcel.