El gobierno nacional depositó este viernes más de 1.000 millones de dólares en dos cuentas del Banco New York Mellon a los tenedores de bonos que adhirieron a los canjes de deuda instrumentados en 2005 y 2010, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en el prospecto de emisión de los títulos de deuda.

Minutos después de que se conociera la decisión del gobierno de depositar los fondos para los bonistas con títulos reestructurados, en Nueva York el juez Thomas Griesa dio a conocer su rechazo a la solicitud presentada por Argentina de suspender la medida que obliga a pagar a los fondos buitre para poder cumplir los compromisos con el resto de los acreedores de deuda, por lo que el dinero depositado podría ser embargado.

El anuncio del pago fue realizado este mediodía por el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien leyó ante la prensa un comunicado del gobierno nacional, acompañado por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el Secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y Angelina Abbona, prosecretaria del Tesoro.

Incluso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -a través de su cuenta en la red social Twitter- publicó el comunicado oficial bajo el título “Argentina paga”.

Kicillof se limitó a la lectura del comunicado oficial en el que se recalca la “decisión soberana de honrar sus deudas” por parte la República Argentina, sin pretender “colisionar con otras decisiones emergentes de autoridad judicial que alteran las bases contractuales suscriptas”.

“La Argentina ha procedido al pago de los servicios de capital e intereses de sus bonos bajo ley extranjera por el equivalente a 832 millones de dólares, de los cuales 539 fueron depositados en las cuentas 15.098 y 15.002 del Banco New York Mellow (BONY) en el Banco Central de la República Argentina”, señala el comunicado.

A tal efecto, se aclara que “el pago realizado hoy a los tenedores que adhirieron voluntariamente al canje, sumando los intereses en pesos, supera los mil millones de dólares”.

El depósito se realizó hoy en virtud que “mañana es feriado en la administración pública y el pago debe realizarse el último día hábil antes del vencimiento”.

De esta manera, la Argentina continúa con su “exitoso proceso de reestructuración voluntaria de deuda”, respetando así los “derechos representados por una mayoría clara e indubitable, que no puede ser fulminados por el 1 por ciento de los bonistas”.

La decisión del gobierno nacional no sólo se sustenta en las obligaciones emergentes del prospecto sino, además, en el fuerte respaldo internacional de países como Francia, México y Brasil, organismos multilaterales de crédito, organismos políticos y académicos de las más diversas corrientes.

“Nuestra convicción plena, como lo atestiguan instituciones y organismos internacionales, como así también analistas y especialistas que han sido inclusive críticos con el país en diarios y revistas especializadas de nivel internacional, es cumplir con el proceso exitoso de reestructuración voluntaria de deuda con la adhesión del 92,4 por ciento de los bonistas”, añade el comunicado oficial.

Esta decisión “implica advertir respecto a las consecuencias de sus actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le cabe por las decisiones de su poder judicial, al agente fiduciario, a las entidades financieras involucradas, a los litigantes, y al mismo juez Griesa respecto a eventuales acciones judiciales que nos permitan hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembro de la comunidad internacional”.

“No cabe la menor duda de la parcialidad del juez en favor de los fondos buitre ni de su verdadera intención: la de pretender llevar a la República Argentina al default para derribar la reestructuración 2005-2010 que alcanzó, luego de largas negociaciones, un consenso del 92,4 por ciento”, remarca el comunicado.

Griesa, por su parte, a través de una escueta resolución de cuatro párrafos, rechazó la apelación presentada el lunes pasado por los letrados que representan a Argentina al sostener que la solicitud “no es apropiada”.

El magistrado neoyorquino dijo que la orden de pagar a los fondos especulativos “no entra en vigor” a menos que el país realice pagos a los tenedores de bonos reestructurados, situación que se concretó hoy con la decisión del Gobierno de depositar más de 1.000 millones de dólares.

Griesa recordó que en el caso fue nombrado un mediador, el abogado neoyorquino Daniel Pollack, y que su tribunal “entiende que las negociaciones (entre Argentina y los fondos buitre) van a incluir el manejo de futuros pagos de los bonos reestructurados”.