“Con este gobierno la Argentina definió un modelo energético asociado a capitales privados y extranjeros como Bulgheroni, Pan American Energy (PAE) y la British Petroleum (BP) en Cerro Dragón y a Chevron en Vaca Muerta. Daniel Cameron estuvo 11 años y el balance en materia energética es que el gobierno sigue la misma lógica del neoliberalismo de los 90” dijo Rigane.

El secretario de energía, Daniel Cameron, renunció al cargo que ocupaba desde 2003 y su lugar será ocupado por Mariana Matranga, ingeniera que hasta hoy se desempeñaba en YPF. Durante más de una década Cameron fue el responsable de la política energética del gobierno y ahora abandona su cargo con la pérdida del autoabastecimiento en materia de hidrocarburos y un enorme saldo en rojo en las cuentas nacionales producto de la importación de combustibles. El propio Cameron declaró como balance de sus primeros años de gestión que “la primera prioridad era para los privados”, y explicaba que la secretaría “no tuvo instrucciones de que el Estado debía introducirse a fondo en el sector, hicimos las cosas de manera tal que la primera inversión la tuvieran los privados”.

Para Rigane el actual cambio de mando tiene que ver con centralizar poder en el Ministerio de Economía y en el actual directorio de YPF, “pareciera que desde el punto de vista político la decisión es darle todo el poder a Galuccio, que preside el directorio de YPF y a Kiciloff. Da la impresión que tiene que ver con eso, sobre todo porque además están designando a alguien que no tiene demasiada experiencia en el sector como es la ingeniera Mariana Matranga”.

De la misma manera, José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA) no encuentra en esta decisión un cambio de rumbo. “Es una ratificación de la política del gobierno en el campo de la energía en donde se han priorizados las políticas del mercado, sobre la recuperación de la soberanía energética... Lo único que ha hecho el Kirchnerismo por momentos es hacer algún intento, como hizo con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, pero hoy las cosas en el campo de los hidrocarburos siguen siendo pésimas para la sociedad, más aún con la actual dolarización en el sector que perjudica a la población en claro beneficio a los intereses de las petroleras”.

Así mismo expresó “que si bien ahora hay un proyecto de ley para hacer una modificación en materia de regulación que es un avance frente al actual andamiaje jurídico este no resuelve, ni resolverá la cuestión de fondo que es la recuperación y defensa de nuestra soberanía frente a la profundización de las políticas de mercado que establecen a la ganancia empresarial como prioridad”.

Para el dirigente sindical y fundador de la Central de Trabajadores de Argentina “hoy es fundamental comprender que la energía es un bien social y estratégico que no puede ser dejado a la voluntad de las empresas multinacionales”.

Ampliando el análisis sobre la realidad actual en el campo de la energía, Rigane señaló: “Venimos de un modelo energético que ha posibilitado que las empresas multinacionales se agencien de extraordinarias ganancias. Se calcula que se han llevado alrededor de 100.000 millones de dólares producto de nuestra riqueza en petróleo y gas. Nuestras reservas han sido prácticamente liquidadas por estos grupos y ahora se persiste con la misma política energética de la década de los ´90 y del menemismo cuando, por ejemplo, se trae a Chevron al país”. Y agregó, “no hay modificaciones de fondo y menos, como dice el contador Gustavo Calleja, cuando…la provincia más rica en hidrocarburos es más débil que la más chica de las empresas petroleras”.

Para José Rigane uno de los principales problemas de la Argentina es que carece de una política energética nacional “la existencia de la ley corta es un disparate que nosotros venimos denunciando desde el día de su implementación en 2006 con apoyo del propio gobierno Kirchnerista. Hoy tenemos 5 provincias que han dictado leyes propias de hidrocarburos, que van en contra de la constitución nacional”.

Así también expresó que “el país necesita acercarse a la soberanía energética, porque nos estamos alejando permanentemente. Las políticas implementadas y supeditadas a las “necesidades” del mercado nos alejan de la posibilidad de decidir nuestro propio futuro energético. Perdimos el autoabastecimiento y ahora estamos en esta situación de dependencia a las exportaciones de energía”.

Según Rigane el modelo energético basado en la privatización y extranjerización nos deja cómo legado la peor crisis energética que ha tenido que vivir este país, la entrega de activos estratégicos, la libre disponibilidad para las multinacionales con concesiones a más de 40 años y la pérdida del autoabastecimiento energético. Por eso nos advierte la importancia de reconocer que “la energía es un bien social, un derecho humano y no una mercancía. Ahora mientras rija el orden capitalista la energía nunca será un derecho de los pueblos“.