Los empresarios Victorio Américo Gualtieri, Saverio Gualtieri y Hugo Barreña, quienes integraban el directorio de la firma VAG S.A. –por las siglas de su presidente-, están acusados de haber utilizado un régimen de promoción para lograr beneficios fiscales, a través de supuestas falsas inversiones. Para ellos, la querella a cargo de Mónica Borgonovo, en representación de AFIP, solicitó cuatro años, mientras que el Ministerio Público Fiscal Federal pidió penas que van desde los 3 años y 3 meses hasta los 4 años de prisión.

El fiscal Julio Darmandrail, acompañado del fiscal ad hoc Carlos Martínez, pidió para Victorio Gualtieri 4 años de prisión, para Saverio Gualtieri 3 años y 3 meses y para Hugo Barreña, 3 años y 6 meses. Además, para los tres, solicitó la imposición dela pena de inhabilitación especial por el plazo de diez años, para obtener o utilizar beneficios fiscales, contemplada como pena accesoria en el artículo 5 de la ley 24.769.

Para la Fiscalía, de acuerdo a la prueba producida durante las audiencias, los imputados, como integrantes del directorio de la empresa VAG S.A. “obtuvieron fraudulentamente los reconocimientos necesarios para gozar de los beneficios del régimen otorgados en el marco de la ley 22.021 de promoción industrial, a través de la simulación de inversiones efectuadas por VAG S.A. en las firmas Valle Oeste, Manantial Oeste y Agraonuez. , inversiones que retornaron indebidamente a VAG S.A. vía préstamos”.

Los montos de esas inversiones simuladas, según el alegado del Dr. Darmandrail, fueron presentados a la DGI para lograr el pago diferido de impuestos a los que VAG S.A. se hallaba obligado legalmente a ingresar al Fiscal nacional por los ejercicios fiscales 1996, 1997 y 1998.

El Ministerio Público sostuvo que se usó la firma Valle Oeste S.A. para simular una inversión de más de un millón de pesos, y así obtener el diferimiento del Impuesto a las Ganancias periodo 1996 por 800 mil pesos. Ese dinero, según consta en los registros contables, regresó a la cuenta de VAG S.A. horas después, en concepto de préstamo.

Con el caso de Manantial Oeste S.A., explicó Darmandrail, hubo una simulada

inversión de más de 460 mil pesos el 15 de agosto de 1997, pero quedó asentado en el libro diario el regreso de esa inversión denominada “Devolución Manantial Oeste S.A.”, sin especificaciones sobre el movimiento contable de las acciones. Sin embargo, esta operación da sustento a la solicitud de diferimiento impositivo –presentado cuatro días después- por un monto de 346.138 pesos por el impuesto al Valor Agregado, correspondiente al periodo fiscal 7/97, fecha en la cual el monto invertido ya había regresado a la inversionista VAG S.A.

Un dato curioso: de los extractos bancarios, tanto de la cuenta corriente de VAG S.A., como de la promovida Manantial del Oeste, se desprende que tienen el mismo domicilio en la calle 7, de la localidad de La Plata.

En la empresa Agronuez, en tanto, se invirtieron más de 4,5 millones de pesos el 21 de septiembre, mismo día en que se otorga un préstamo por el que retorna el dinero a VAG S.A.

Tres días después, se presentó el diferimiento del Impuesto al valor agregado periodo 8/98, por la suma de 3.410.950,55 pesos. Lo llamativo es que el cheque por 4.545.000 pesos de la firma Agronuez-por intermedio del cual regresa a VAG S.A. casi la totalidad del dinero que se pretende invertido en tal firma-, es librado por Hugo Barreña, director suplente de Agranuez, pero con sello aclaratorio de la empresa VAG S.A., de la cual resulta apoderado. Es el mismo Barreña quien surge firmando al dorso como receptor de VAG S.A.

En esos años, el Estado Nacional tenía establecido el llamado “sistema de promoción industrial” a través del cual una persona física o jurídica podía diferir el pago de impuestos como incentivo a inversiones que efectuara sobre una empresa previamente constituida como beneficiaria de un régimen de promoción. El objetivo era estimular el desarrollo agropecuario en Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan. Estos diferimientos impositivos consistían en que al momento del vencimiento de la obligación, se postergaba el pago del impuesto, a cambio de efectuar inversiones en empresas promocionadas.

El carácter defraudatorio de las simuladas inversiones, explicó el Ministerio Público Fiscal Federal, quedó probado por al menos siete hechos: el mismo día que se realizaba la inversión, se producía el reintegro del dinero en concepto de préstamos o mutuo; al momento de solicitarse los diferimientos impositivos las inversiones ya habían regresado al patrimonio de VAG S.A.; los movimientos bancarios se dan en La Plata, a pesar de que las empresas promocionadas tienen asiento en San Juan; coinciden los domicilios de la firma inversionista y las promovidas; existe identidad entre las personas que intervienen en las decisiones societarias, es decir, son las mismas personas; los contratos de mutuo que documentan los préstamos –y devuelven el dinero a la inversionista- carecen de fecha cierta y no son asentados contablemente hasta el cierre del ejercicio; y por último, ninguna de las sociedades, según sus estatutos, podría realizar actividades financieras que consistan en “dar o tomar dinero en préstamo”.

LOS IMPUTADOS

Al analizar la autoría y responsabilidad de los imputados, el fiscal ad hoc Carlos Martínez reparó en que sólo cuatro personas integraban el directorio de VAG S.A. (el cuarto es el fallecido Salvador Gualtieri), con lo cual “el conocimiento de las determinaciones de la empresa no podía escapárseles”.

Fue el directorio de la empresa el que tomó la decisión de invertir en las firmas promocionadas, dispuso del depósito del dinero, y a su turno aceptó el mutuo justificante de las devoluciones del capital, que sirven de base a la consideración de la “definitiva ausencia de inversión”.

Victorio Gualtieri era el presidente de VAG S.A., su creador y mentor. Según el alegato del fiscal, “tenía participación directa en la toma de decisiones y en la firma de documentos esenciales para el giro empresarial”. Incluso, fue definido por testigos del juicio como un “intuitivo”, “un autodidacta con una capacidad superior a la media para el desarrollo de las actividades empresariales”. Además, resultaba accionista de Agronuez, y fue su director titular en 1996.

Hugo Barreña, entendió Martínez, “también tenía una participación determinante”: era quien con su firma autorizaba la realización de un sinnúmero de actos del giro empresarial. Por ejemplo, suscribía los cheques por ambas empresas con los cuales se depositaba el dinero que se decía era invertido. Esto hecha por tierra su descargo cuando señaló que integraba VAG S.A. sólo por pedido de Victorio, dada la relación amistosa y de confianza que los unía. “No ejercía autoridad alguna”, había dicho.

Saverio Gualtieri, en tanto, además de conformar el directorio de VAG S.A. fue director suplente de Agronuez en 1996. Para la Fiscalía, los descargos realizados tanto por Saverio como por Barreña, respecto a no participar de las decisiones empresariales que dieron origen a las maniobras fraudulentas hoy imputadas, “no constituye más que un mero intento defensista”, ya que la documentación acompañada por la AFIP DGI da cuenta de su intervención directa en los actos investigados.

Los imputados, de acuerdo a sus declaraciones en la instrucción de la causa dado que en el debate público se negaron a hacer uso de la palabra, sostuvieron que las inversiones efectivamente se realizaron, y que las solicitudes de diferimientos se realizaron por la totalidad de las sumas presuntamente invertidas. Y el propio Victorio Américo Gualtieri en su declaración indagatoria había desechado que los retornos de esas millonarias sumas a VAG S.A. implicaran la reversión de la inversión, sino “una inversión financiera (por parte de las promovidas) de los fondos pendientes de aplicación que, por un lado, garantiza al inversor su adecuado resguardo, y por el otro favorece a las empresas prestamistas por la obtención de intereses superiores a los que pudiera obtener en instituciones bancarias o financieras de plaza”.
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