Quedó probado que utilizaron el régimen de promoción industrial para lograr las autorizaciones necesarias para obtener diferimiento en el pago de IVA y ganancias por 4,5 millones de pesos a en base a inversiones que fueron consideradas simuladas.

Los empresarios Victorio Américo Gualtieri, Saverio Nicolás Gualtieri y Hugo Barreña, integrantes del directorio de la firma VAG S.A., fueron condenados hoy por el delito de “obtención fraudulenta de beneficios fiscales”, dado que quedó probada la utilización del régimen de promoción industrial que regía en la década del 90, para lograr el diferimiento en el pago del IVA y ganancias por 4,5 millones de pesos, en base a inversiones en distintas empresas radicadas en zonas promovidas, las cuales fueron consideradas simuladas tanto por la Fiscalía como por el Tribunal, al menos en cuanto a los tiempos y montos en los que se efectuaron.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Mario Portela y Néstor Parra; mientras que actuaron por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, Julio Darmandrail, fiscal subrogante, y Carlos Martínez, fiscal ad hoc, con colaboración del coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.

Victorio Gualtieri recibió una pena de dos años de prisión, mientras que su hermano Saverio y su entonces socio Hugo Barreña, fueron condenados a un año y seis meses de prisión. Además, los tres empresarios recibieron diez años de inhabilitación para obtener beneficios fiscales.

En esta causa, iniciada por una denuncia de AFIP en 1999, quedó corroborado por pericias contables que a cada inversión realizada por la firma VAG S.A. en las empresas promovidas Valle Oeste, Manantial Oeste y Agronuez –y en virtud de las cuales obtuvo diferimientos impositivos, en 1996, 1997 y 1998-, le correspondía un préstamo mediante el cual reingresaban los fondos supuestamente invertidos a las cuentas bancarias de la empresa inversionista.

Las tres operaciones que fueron juzgadas involucran el diferimiento de 800 mil pesos del impuesto a las ganancias por una falsa inversión en 1996 de VAG S.A. a la empresa Valle Oeste S.A por poco más de 1 millón de pesos; el diferimiento de 346.138,16 pesos en concepto del IVA por una alegada inversión en 1997 a la empresa Manantiales del Oeste S.A por alrededor de 460 mil pesos; y el diferimiento de 3.410.950,55 pesos de IVA en el marco de una ficticia inversión de poco más de 4,5 millones de pesos en la empresa Agronuez S.A. en 1998.

De acuerdo a la sentencia, que fue leída este mediodía en la sala del TOF, los tres empresarios, como miembros del directorio de VAG S.A., “adoptaron las decisiones necesarias para la realización de los hechos enrostrados, particularmente en cuanto el directorio por unanimidad decidió invertir en las empresas promovidas, y a través de su mandatario la suscripción de los contratos de mutuo que permitieron el retorno de dichos capitales”. De hecho, sólo eran cuatro los integrantes del directorio. El cuarto era otro hermano Gualtieri, Salvador, quien falleció y por lo tanto se declaró extinguida la acción penal a su respecto por muerte.

Para el Tribunal existió “un claro fin defraudatorio, expresado en las inveracidades vertidas en las solicitudes F-518, acerca del carácter de las inversiones; y asimismo la desviación del fin promocional al cual estaban orientados los fondos supuestamente invertidos”. Y no puede pasarse por alto que los empresarios, como accionistas de la empresa, eran beneficiarios de estas maniobras.

EL CONTEXTO

En esos años, el Estado Nacional tenía establecido el llamado “sistema de promoción industrial” a través del cual una persona física o jurídica podía diferir el pago de impuestos como incentivo a inversiones que efectuara sobre una empresa previamente constituida como beneficiaria de un régimen de promoción. El objetivo era estimular el desarrollo agropecuario en Catamarca, La Rioja, San Luis, Mendoza y San Juan. Estos diferimientos impositivos consistían en que al momento del vencimiento de la obligación, se postergaba el pago del impuesto, a cambio de efectuar inversiones en empresas promocionadas.

LAS MANIOBRAS

El carácter defraudatorio de las simuladas inversiones, según explicó el Ministerio Público Fiscal Federal durante su alegato, quedó probado por al menos siete circunstancias: el mismo día que se realizaba la inversión, se producía el reintegro del dinero en concepto de préstamos o mutuo; al momento de solicitarse los diferimientos impositivos las inversiones ya habían regresado al patrimonio de VAG S.A.; los movimientos bancarios se daban en La Plata, a pesar de que las empresas promocionadas tenían asiento en San Juan; coincidían los domicilios de la firma inversionista y las promovidas; existía identidad entre las personas que intervenían en las decisiones societarias, es decir, eran las mismas personas; los contratos de mutuo que documentan los préstamos –y devuelven el dinero a la inversionista- carecían de fecha cierta y no eran asentados contablemente hasta el cierre del ejercicio; y por último, ninguna de las sociedades, según sus estatutos, podría realizar actividades financieras que consistan en “dar o tomar dinero en préstamo”.

LOS CONDENADOS

Victorio Gualtieri era el presidente de VAG S.A., su creador y mentor. Según el alegato de los fiscales, “tenía participación directa en la toma de decisiones y en la firma de documentos esenciales para el giro empresarial”. Incluso, fue definido por testigos del juicio como un “intuitivo”, “un autodidacta con una capacidad superior a la media para el desarrollo de las actividades empresariales”. Además, resultaba accionista de Agronuez, y fue su director titular en 1996.

Hugo Barreña era quien con su firma autorizaba la realización de un sinnúmero de actos del giro empresarial. Por ejemplo, suscribía los cheques por ambas empresas con los cuales se depositaba el dinero que se decía era invertido. Esto hecha por tierra su descargo cuando señaló que integraba VAG S.A. sólo por pedido de Victorio, dada la relación amistosa y de confianza que los unía. “No ejercía autoridad alguna”, había dicho.

Saverio Gualtieri, en tanto, además de conformar el directorio de VAG S.A. fue director suplente de Agronuez en 1996. Para la Fiscalía, los descargos realizados tanto por Saverio como por Barreña, respecto a no participar de las decisiones empresariales que dieron origen a las maniobras fraudulentas hoy imputadas, no fueron más que “un mero intento defensista”, ya que la documentación acompañada por la AFIP DGI da cuenta de su intervención directa en los actos investigados.