En el panel de apertura, Susana Méndez –integrante de la Mesa y referente de la Comisión Provincial por la Memoria-, sostuvo que “el delito de trata rompe la dignidad de las personas”. Y luego, Cecilia Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de la Jefatura de Ministros de la Nación, mencionó que “todas las violencias contra las mujeres se dan en la trata”.

A su término, la psicóloga Leonor Núñez, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en una dinámica charla con estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad, expresó: “Si una persona tiene garantizados sus derechos esenciales, económicos y culturales, el acceso a la salud y la educación, no va a ir a golpear la perta de un prostíbulo para pedir ser explotada”.

En simultáneo se realizó el panel de “Trata y medios de comunicación”. Allí, el defensor del Pueblo de la provincia, Carlos Bonicatto, calificó a la trata “como “un delito aberrante, cruel, despiadado, absolutamente inhumano que convive con nosotros” e interrogó: “¿Existe una convicción en todos los sectores que hay que combatirlo?” “No, no existe la conciencia colectiva, hay una complicidad cultural”, respondió.

Por su parte, Cora Santandrea, de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia, dio cuenta de la labor de este organismo, y de las desobediencias que aún existen por parte de algunos grupos mediáticos. Señaló que aún hay avisos de oferta sexual encubiertos como “masajes” o “señoritas” en busca de “caballeros”. La funcionaria señaló que detrás de esos clasificados no existe solo una oferta sexual que expone a las mujeres como mercancías, sino que además “encontramos cuestiones discriminatorias y de sometimiento de las mujeres”.

La periodista Sibila Camps cumplía ese día 37 años como periodista. Trabajó la mayor parte de su carrera, hasta mayo de 2013 cuando se jubiló, en el diario Clarín. Allí escribió notas, por ejemplo, sobre la cantidad de dinero que una red de trata llegaba a gastar en avisos de oferta sexual. “Los periodistas a veces hacemos piruetas en una baldosa”, graficó la autora del libro “La Red. La trama oculta del caso Marita Verón”, la labor en los medios de prensa al intentar instalar algunas temáticas.

Camps sostuvo que “prostitución, explotación y trata forman parte de lo mismo”, y dijo que existe allí un “camino reversible”. Y al presentar el decálogo de la Red PAR sobre el tratamiento de noticias vinculadas al delito de trata, llamó a poner las palabras justas desde el trabajo periodístico: “Aquí no hay clientes, sino consumidores de sexo”, ejemplificó.

Por la tarde, se realizó el panel “Los alcances lucrativos de la trata”, donde expusieron Alejandra Mángano, coordinadora del Área de Investigaciones de la Protex del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y el juez Santiago Inchauiste, titular del Juzgado Federal Nº3 de Mar del Plata.

En este sentido, la funcionaria de la Protex se refirió a las dificultades que surgen en la investigación. En relación a la trata con fines de explotación sexual de la trata laboral, mencionó la necesidad de determinar cuál es la ganancia de la organización. De acuerdo a las investigaciones realizadas, indicó que se estima que un prostíbulo pequeño o mediano, recauda 400 mil pesos por mes.

El segundo escollo que es necesario sortear es conocer dónde está ese dinero que la organización obtuvo. “Ese dinero no declarado, obtenido de manera ilegal, ingresa al circuito nuevamente a través de inmuebles y autos, lo cual puede ser fácilmente comprobado, pero también suelen hacer hasta 15 fideicomisos por dos prostíbulos”, sostuvo Mángano. “El lavado de dinero está muy vinculado al delito de trata con fines de explotación sexual”, aseveró.

En relación a la trata laboral, que se da en el sector rural, la industria textil, y diversas empresas que producen bienes y servicios, una vez que se determina la explotación –explicó Mángano- es necesario ver cómo repercutió en la economía del imputado. “Hay que analizar la responsabilidad de todos los actores en la cadena de producción. Por lo general, el que más gana es quien más alejado está de la explotación”, indicó la funcionaria de la Protex, quien señaló que enseguida se escuchan excusas como “yo no sabía” o “yo al campo no iba”, pero son quienes brindan los materiales e insumos y saben cuánto pagan por hora a un trabajador.

El juez Santiago Inchausti, a su turno, hizo eje en la necesidad de reparar “integralmente a la víctima”, y en este sentido planteó en la posibilidad de una indemnización. “Actualmente no hay indemnizaciones por varios factores. Por un lado, muchas veces las víctimas no se sienten víctimas, y por otro lado, pueden tener una relación con el tratante o explotador que mejore de algún modo el trato que tenían en su país de origen, o saben que no tienen una situación migratoria regular”, explicó.

Enseguida, sostuvo que se torna fundamental el asesoramiento jurídico de las víctimas. Pero también reparó en que la indemnización debería ser automática, independientemente si la víctima se presenta o no al momento del juicio.

El último panel realizado se denominó “La construcción social de la reinserción de las víctimas”. Allí, Valeria Torcetta, coordinadora general de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas de la Procuración General de la Nación, explicó: “La Dovic funciona desde hace un mes, con un equipo de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, que busca acompañar a las víctimas de todos los delitos. Para garantizar el piso mínimo de derechos, es necesario contar con un espacio para recibir a la víctima, informarle el estado de la causa, explicarle qué es una rueda de reconocimiento, qué es una declaración testimonial, qué investiga el fiscal en determinada causa”, detalló la coordinadora de la Dirección, quien señaló que el objetivo es la “federalización de una gran red de personas” que brinden la asistencia que las víctimas necesitan y que hasta el momento no tenían.

En lo que hace a las víctimas de trata, Torcetta señaló que el primer obstáculo a sortear es que la víctima se reconozca como tal y sepa que hay un sector del Estado que puede darle una respuesta. No sólo desde el asesoramiento, sino que también se las acompaña a golpear la puerta de la oficina específica que pueda hacer efectivo determinado derecho.

Por otro lado, la coordinadora de la DOVIC reparó en un “vacío de patrocinio jurídico” y en la ausencia de fallos indemnizatorios para las víctimas. En este sentido, relató que una de las primeras solicitudes que recibieron fue del fiscal Daniel Adler, en relación a un grupo de trabajadores esclavizados en un campo de cosecha de papa. Esos trabajadores habían vuelto a Santiago del Estero, posiblemente a la espera de una nueva temporada, porque su situación estructural no había cambiado. A través de la intervención de la Dirección, la Protex junto con Renatea, ofrecieron patrocinio jurídico a esos trabajadores, y seis de ellos dijeron que sí. “De eso se trata, de dar respuesta y garantizar derechos”, expresó Torcetta.

“Ante el arrebato de las posibilidades, de elegir libremente, se busca hacer efectivo el derecho de autodeterminación”, concluyó la coordinadora general de la DOVIC.

Del mismo panel participaron Cristian Encinas, coordinador del Equipo Jurídico del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las personas Damnificadas por el delito de la Trata, quien sostuvo que la misión de este organismo es acompañar a las fuerzas de seguridad al momento de un allanamiento para asistir a las víctimas, y que su labor va desde el momento del operativo hasta la declaración testimonial; Marcela Pastore y Viviana Caminos, de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas; y Alba Salinas, presidenta del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada (CAMM) de Mar del Plata, quien sostuvo que “la trata es la forma más extrema de violencia contra las mujeres” y llamó a “desarmar la estructura de poder patriarcal que sostiene este delito”.

Como última actividad, se proyectó la película “No hay trato” del director Claudio Posse, quien fue presentado por el fiscal federal Pablo Larriera. Y el cierre estuvo a cargo de integrantes de la Mesa Interinstitucional: estuvieron presentes los diputados Fernanda Raverta, Pablo Farías y Alejadra Martínez, la concejal Cristina Coria, la concejal mandato cumplido María del Carmen Viñas, y la directora de la Mujer, Marcela Luca, lo que deja en evidencia la confluencia de distintos sectores políticos.