A través de un proyecto de ordenanza enviado al Concejo Deliberante al que tuvo acceso Télam, Posse plantea que se abonará un subsidio de 350.000 pesos a los vecinos “para la compra o construcción de la solución habitacional elegida por cada familia, en otros municipios o provincias”.

En el texto se aclara que sólo “ante casos excepcionales y si las circunstancias lo ameritan” los vecinos podrían comprar o construir inmuebles “ubicados en San Isidro”.

“Concluido el plan y erradicadas las viviendas y sus pobladores, el Ejecutivo procederá a la venta del predio, (ubicado en Iberlucea y Padre Acevedo de la ciudad de Béccar), mediante los procedimientos previstos por las leyes que lo rijan”, agrega.

En ese sentido, la concejala Jacqueline Girassolli, del bloque PJ-FpV, dijo a esta agencia que “la municipalidad pasó a ser una suerte de holding inmobiliario estatal” y agregó que “Posse no quiere que haya gente pobre en el distrito”.

Detalló que “esos terrenos eran del señor Alberto O´Connor, que en 1992 los compró para hacer un barrio cerrado; pero por ley 11.959 la Provincia luego expropió las tierras y se las cedió a sus habitantes al declararlas de utilidad pública”.

“Él pidió en la Justicia la inconstitucionalidad de la ley, y la Procuración General de la Nación le respondió en 2011 que su queja era inadmisible”, añadió.

“O sea que Posse quiere comprar un predio que por ley ya es de los vecinos”, consideró y detalló que de acuerdo a estimaciones de diversas inmobiliarias, los terrenos valen aproximadamente 14 millones de pesos.

Además, aseveró que “es probable, lamentablemente, que la ordenanza sea aprobada porque salvo nuestro bloque, y a veces el de Marcela Durrieu, todos los demás acompañan las iniciativas que manda el intendente”.

En tanto, el subsecretario de Modernización del Estado Provincial, Santiago Cafiero, dijo a Télam que “el Plan de Realojamiento es una locura y está viciado de acciones discriminatorias y rasgos de inconstitucionalidad”.

“Desde hace muchos años venimos acompañando a los vecinos del Barrio Uspallata en el proceso de reconocimiento y urbanización del mismo. Allí viven hace más de 30 años familias fuertemente arraigadas e identificadas con toda una historia del distrito”, precisó.

Sostuvo que “se trata de un barrio que nunca recibió reconocimiento como tal por parte del municipio y no de un asentamiento precario como sostiene el intendente en los fundamentos de la ordenanza enviada al Concejo”.

Además, opinó que “en la reiterada idea de favorecer los emprendimientos inmobiliarios, el intendente tomó la decisión de comprarle la propiedad al dueño y en vez de generar un proyecto de urbanización que le permita a los vecinos del barrio ingresar en un sistema de pagos para adquirir las viviendas que habitan, les ofrece un subsidio para que se vayan a otro distrito o provincia sin darle ninguna oportunidad de quedarse en el lugar donde han desarrollado toda su vida”.

“Trabajamos junto a los vecinos y al concejal Fabián Brest, quien el miércoles presentó un pedido de informes para que Posse dé una explicación de estos potenciales hechos, prácticas, conductas y decisiones normativas que estarían vulnerando sus derechos a través de acciones carentes de consensos, de absoluta exclusión y discriminación social”, finalizó.

En esa línea, el defensor del Pueblo de la Provincia, Carlos Bonicatto, envió un comunicado al departamento ejecutivo de San Isidro en el que expresó su preocupación por el texto de la ordenanza, al que calificó de “discriminatorio”.

Bonicatto pidió en el escrito “que se respete bajo todas las circunstancias la autonomía individual, consagrada por el principio establecido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que implica la posibilidad de cada individuo de elegir y materializar su propio plan de vida”.