De las tareas de investigación y como resultado de los allanamientos realizados en 2012, se pudo constatar que en la vivienda de 20 de Septiembre 3532 los imputados alojaban en precarias condiciones a una gran cantidad de mujeres, en su mayoría de nacionalidad paraguaya, quienes todos los días eran trasladadas en taxis o combis al local nocturno denominado La Posada, ubicado en 11 de Septiembre 3030, con el fin de ser ofrecidas sexualmente y posteriormente ser explotadas en el hotel lindero “El Paraíso”, propiedad de la misma organización.

De acuerdo a la investigación dirigida por Pablo Larriera, titular de la Fiscalía Federal Nº2, se pudo detectar que tanto el local nocturno ubicado en 11 de Septiembre 3030 (casi La Rioja), como el hotel lindante Paraíso, propiedad de la firma DIELUC S.A., “conformaban una unidad comercial para que el negocio de la prostitución fuese más redituable y atractivo para los ocasionales clientes, pues en La Posada, las mujeres eran ofrecidas como mercancías a los ocasionales clientes, y posteriormente sometidas al ejercicio de la prostitución a pocos metros en el hotel”.

En el marco de la pesquisa, se logró acreditar la conformación de una organización delictiva con división de roles entre sus miembros, “que obtendría importantes beneficios económicos a partir de la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad, las que serían consideradas, en los hechos, como un ‘recurso’ o ‘insumo’ que, desde hacía años, venía siendo ‘importado’, de manera sistemática y en número significativo, desde la República de Paraguay, valiéndose para ese objetivo de la larga experiencia e infraestructura que la propia organización poseía”.

De los ocho imputados, siete son lo que llegarán a juicio oral, dado que Juan Carlos Motillo, quien habría estado a cargo de organizar y regentear el prostíbulo, falleció el año pasado. De esta manera, deberán sentarse en el banquillo de los acusados Alicia Acevedo Galeano, la expareja de Motillo, quien se encargaría viajar a Paraguay para reclutar víctimas; María del Carmen Castrege y su esposo Aníbal Soria, quienes serían los financistas de la organización; y cuatro empleados del lugar que cumplían tareas de seguridad, barman y organizadores: Gabriel Carmona, José Aníbal Patroni, Humberto Scarpetta, y Ariel Spaltro.

Según Larriera, el lugar tenía una aceitada “dinámica de enriquecimiento económico”: “Por año podían llegar a facturar entre cuatro y 4,5 millones de pesos”, sostuvo, siendo que se tiene información que la explotación databa del año 2005, hasta por lo menos agosto de 2008, fecha de los primeros allanamientos.