Hoy comienza a tratarse en comisiones de la Cámara de Diputados la L​ey de Hidrocarburos presentada por el gobierno nacional, que cuenta ya con media sanción en Senadores. UNEN, al igual que en la cámara alta, rechazará la norma. Entre otras cosas, porque tiene incorporada una significativa impronta de lo que fue la política petrolera menemista, continuada por Néstor y Cristina Kirchner. Así fue hasta que la debacle de perder el autoabastecimiento los obligó a un relativo nuevo rumbo antes de que sobreviniera la catástrofe, no sin antes causarle daños enormes a la Nación.

Brevemente hay cuatro cuestiones, de las que somos muy críticos con la ley en debate. En primer lugar la extensión de las concesiones: 35 años con opción a 10 más: es decir, 45 años. Claramente se busca mantenerles los negocios a las empresas que actualmente operan (entre ellas, varias de capitalistas amigos del gobierno) responsables, entre otras cosas, de la baja de reservas y producción de la última década, situación que lejos está de revertirse.

En segundo lugar, no estamos de acuerdo con que las regalías que se estipulen en el 12 por ciento, y que incluso puedan ser disminuidas. Regalías manifiestamente por debajo de las que cobran la gran mayoría de los países productores de petróleo, incluyendo los de la región (Brasil, Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros). Esto significa que le estamos dando a las grandes empresas una enorme tajada de la renta petrolera, la que a su vez proviene de un recurso no renovable. Los recursos naturales de nuestro país, particularmente aquellos que se van a agotar, y que pertenecen a todos los argentinos, deben ser usados esencialmente para construir un país mejor, más desarrollado y sustentable.

En tercer término, la ley del oficialismo ha rebajado considerablemente, respecto de su propio proyecto original, la consideración del cuidado del medio ambiente, abordándolo sólo en un artículo de consideraciones generalizadas. Teniendo en cuenta los riesgos que significa la explotación no convencional (fracking) en este sentido, es más que evidente que las preocupaciones del gobierno no son exactamente el cuidado de aquel. Concediendo en esta grave cuestión a los intereses económicos de las grandes petroleras, que siempre intentan maximizar su ganancias sin preocuparles las consecuencias de ello.

Finalmente, y lo más importante: YPF debe volver a ser una empresa 100 por ciento nacional. Ya de por sí la política petrolera menemista, continuada por los Kirchner, llevó a que sólo tuviera poco más del 30% de la producción de petróleo y gas, dejando el resto en manos de otras empresas privadas. Al “nacionalizarse” en el año 2012, sólo pasó a manos estatales el 51 % de su paquete accionario, dejando el 49 por ciento restante en manos de capitales privados, extranjeros y locales (como Eskenazi, empresario muy amigo de la familia Kirchner). Lo que significa, en definitiva, que las ganancias de YPF, tan necesarias para el desarrollo del país, deben ser compartidas por mitades con empresarios privados.

El primer paso serio de recuperar renta petrolera para la Nación, debe ser, por tanto, nacionalizar en serio toda YPF, permitiendo al mismo tiempo su control parlamentario. Esto, además, evitaría que puedan justificarse contratos ocultos -seguramente leoninos- como el que el gobierno hizo con Chevrón.

Recuperar el autoabastecimiento petrolero y gasífero, utilizar una parte significativa de la renta de dichas actividades para desarrollar nuestro país, combatir la corrupción inherente al “capitalismo de amigos”, cuidar estos recursos naturales no renovables y el medio ambiente, son los grandes desafíos de la Argentina que se viene. En esta ley de hidrocarburos se está discutiendo una parte no desdeñable de todo ello. Sin dudas que lo que ha presentado el gobierno va en un sentido inverso.
Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.