“El 5 de febrero mi marido se suicidó. Desde ese día empezamos una serie de denuncias en las fiscalías del Dr Belén por amenazas y el Dr Moyano por usurpaciones”, contó Laura, quien también recibió ayuda de la Dirección de Asistencia a la Víctima. “En todo este tiempo no resolvieron nada”.

Desde la Procuraduría General de La Plata la ingresaron al programa de Protección al Testigo porque debían declarar en contra de un narcotraficante que, según ella, había usurpado su hogar. “No quisimos hacerlo porque no nos habían dado garantías. ´No declaren porque lo van a hacer, se van a quedar sin sus casas y esta gente es peligrosa y va a quedar sobreseída´, nos dijeron”.

Desde la Fiscalía le explicaron que no allanan las casas porque no tienen pruebas aunque Laura vivió durante 17 años en su casa, con todos los papeles al día. “Los comprobantes quedaron adentro: todos los servicios, los documentos de mis hijos, sus libretas sanitarias”, sostuvo.

“Desde el lado judicial está todo perdido y pido desde lo humano algo de atención. Estamos durmiendo tirados en colchones porque no tenemos nada”, se lamentó.

“Pedimos ayuda a Desarrollo Social, a Niñez y Adolescencia, a Cáritas y desde el Municipio nos dijeron que no nos pueden ayudar ni dar asistencia porque nuestras casas fueron usurpadas. Sólo nos dicen que volvamos a Protección de Testigo y declarar”, dijo.

Laura, su hermana y sus hijos ruegan que cada día que pasa, haya una respuesta. Mientras tanto, las cadenas son lo único que los atan al Municipio y a una posible solución. “Un día me fui de mi casa a pasear y no pude volver nunca más y hoy tienen todo lo que me pertenece”, relató entre lágrimas.