La jueza federal de Chaco, Zunilda Niremperger, comenzó a analizar la documentación secuestrada en los distintos allanamientos realizados en el marco de la investigación del presunto lavado de dinero del narcotráfico, en la causa conocida como “Carbón Blanco”, para definir la situación procesal de los detenidos, entre los que se encuentra el abogado marplatense Mariano Castellucci.

Entre las declaraciones tomadas a los detenidos, el material y documentación secuestrada -en Mar del Plata se allanaron además del domicilio de Castellucci dos escribanías- y las escuchas realizadas en los últimos meses, la magistrada deberá determinar si los apresados, que realizaron diversas operaciones comerciales e inmobiliarias, conocían el origen ilícito de los fondos.

“Se ordenó el peritaje del material secuestrado, documentos, equipos informáticos, teléfonos y a partir de ahora comienza una etapa de análisis de todo los elementos probatorios incorporados y las declaraciones de los imputados para luego resolver la situación”, expresó la jueza, quien días atrás fue amenazada de muerte por el principal detenido en la causa Carbón Blanco, el doctor Carlos Salvatore, detenido -al igual que su esposa y su hija- y acusado de traficar cocaína a Portugal.

Incluso hoy, profesionales médicos definirán si Salvatore se encuentra en condiciones de salud para continuar con detención domiciliaria o si su estado actual le permite ser trasladado para ejercer su defensa en una audiencia indagatoria.

Hasta el momento, y mientras se espera la resolución judicial respecto a la situación procesal de cada uno de los que prestaron declaración indagatoria, permanecerán detenidos en Chaco quienes han declarado en el marco de la causa por presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico, entre ellos Castellucci y Ricardo Gassan Saba, quien operaba en Mar del Plata con un poder de Salvatore. Gassan Saba, cabe recordarlo, contrató oportunamente a Castellucci. Ambos, en sus declaraciones ante la jueza, intentaron “despegarse” de Salvatore, con quien, admitieron, almorzaron en esta ciudad el 25 de mayo de 2012, junto al escribano Gustavo Farisa, el arquitecto Julio Patricio y el agrimensor Alonso.

En su declaración judicial, Gassan Saba -quien figura como presidente de muchas de las sociedades que pertenecían a Salvatore en Mar del Plata, tal cual se informó en la edición de ayer- dijo que Castellucci “está desilusionado y enojado con Salvatore, no porque no conocía a esta altura sus problemas judiciales, sino por entender, argumento que suscribo, que no se ha hecho cargo de nada, que no ha tenido la delicadeza, de por lo menos mandarnos un mensaje de texto desde nuestra detención”.

Gassan Saba también explicó que el apoderado de Salvatore para sus inversiones en Miami, al que finalmente despidió, era el mismo -Leopoldo Carrena- que trabajaba para la casa de cambio La Moneta, que está siendo investigada precisamente en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.

Las sociedades y los edificios

En cuanto al doctor Mariano Castellucci, secretario legal y técnico y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ex apoderado de la UCR, ex mayor contribuyente de esa fuerza política, y con estrechas relaciones con algunos concejales del radicalismo, cuenta con el asesoramiento jurídico del doctor Homero Alfredo Masi en esta causa.

Concretamente, a Mariano Jesús Castellucci se le atribuye formar parte “de una asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, cuyo origen data al menos del mes de mayo de 2005, continuando su actividad ininterrumpidamente hasta la actualidad, destinada a dar apariencia de licitud a las ganancias originadas en las actividades de exportación ilegal de clorhidrato de cocaína”. Asimismo particularmente se le atribuye “participar de manera habitual en la puesta en circulación, administración, venta y transferencia de activos de procedencia ilícita”.

Castellucci tenía un poder cedido por Gassan Saba sobre varias propiedades en Mar del Plata, con el fin de resolver la situación anómala de muchas de ellas. Edificios de cinco sociedades: Milenio Bienes Raíces SA con inmuebles en Av. Colon 1335, Bernardo de Yrigoyen 2660, Entre Ríos 2550 y Buenos Aires 2561: Saint Maxine SA, con edificios en Bolívar 2261, y Alberti 1550, “Libres del Sud 2079”, con edificio en Libres del Sud 2079, “Aristóbulo del Valle 2480 SA”, con edificio en Aristóbulo del Valle 2480 y el lote ubicado en General Paunero 2256, de la sociedad “General Paunero SA”. Un total de nueve inmuebles en Mar del Plata. Cuando fue contratado, explicó que los edificios de Aristóbulo del Valle 2480, Alberti 1550, Bolívar 2261, y Entre Ríos 2550, estaban terminados en su totalidad y vendidos en proceso de escrituración. La propiedad de Bernardo de Irigoyen 2660, tenía una estructura edilicia, pero la obra sufría una orden de paralización de la Justicia de Falta y una orden de demolición de dos pisos, que finalmente se concretó.

Así, dijo, eran tres los edificios que tenían serios problemas para obtener la aprobación de los planos de construcción, por haberse construido metros cuadros de más.

“Al momento de mi designación, los edificios estaban paralizados y existían serios riesgos de tener que demolerlos en todo lo construido antirreglamentariamente.

”Gestiones personales, profesionales mías y de Gassan Saba generaron que la Municipalidad dejara sin efecto las órdenes de demolición y aplicara multas como mecanismo de resarcimiento“, reveló. También dijo no tener ninguna vinculación con la firma NS Administración, aunque sí con la firma Libres del Sud.

Formación de fideicomisos

También Castellucci le explicó a las autoridades judiciales que para poder avanzar en cada una de estas obras, se tuvieron que formar fideicomisos para que el dinero que entrara de los propietarios fuera directo al pago de impuestos, multas municipales y para terminar las obras.

Mientras tanto, en el Concejo Deliberante local, donde obviamente se sigue de cerca este caso, por lo menos tres concejales radicales, pudo saberse, a punto estuvieron de aceptar realizar inversiones por ”invitaciones“ del hoy detenido abogado, aunque finalmente no se concretaron.

En otro aspecto, el titular del Procelac -organismo que tuvo una activa participación en la investigación-, doctor Carldos Gonella aseguró que todos los detenidos ”niegan tener conocimiento del origen de los fondos, pero de todos modos reconocen tener participación en actos de administración que son los actos que la fiscalía les imputa a modo de lavado de dinero, teniendo en cuenta que esta es una actividad ilícita que consiste en canalizar fondos provenientes de una actividad al margen de la ley de distinta índole, en este caso serían provenientes del narcotráfico, insertándolos a la economía formal a través de distintas actividades dentro de la ley“.
Fuente: La Capital