El decomiso preventivo de los vehículos se ordenó casi un año atrás y pese al tiempo transcurrido –desde que se pusieran a disposición de la Corte-, “continúan depositados en la sede local de la Prefectura Naval Argentina, a la intemperie, sufriendo el deterioro normal derivado de dicha situación y de su falta de uso”, de acuerdo a lo que detalla Adler en el escrito.

En este sentido, señaló que los jefes de las fuerzas de seguridad le han comentado lo necesario que serían para sus investigaciones vinculadas al narcotráfico. “En este distrito las carencias resultan notorias en el parque automotor para esos fines”, aseguró.

En concreto, Adler pidió que los automóviles puedan ser utilizados por la Sección Narcotráfico de la Policía Federal Argentina Sección Mar del Plata y por la Prefectura Naval Argentina. “Estas instituciones cuentan con los seguros suficientes para garantizar los bienes, según me han hecho saber los Jefes Zonales de dichas fuerzas”, detalló.

Lo peticionado, comprendió el fiscal general, no sólo cumpliría con la finalidad perseguida por el artículo 39 de la ley 23.737, que dispone: “Los bienes (decomisados) o el producido de su venta se destinarán a la Lucha contra el Tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo…”.

También, dijo, recoge las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzzetti, quien en un pasaje de su discurso, al abrir el año judicial en 2014, sostuvo: “Nuestra patria, y yo diría la región y el mundo entero, está afectado por un problema gravísimo, el de la drogadicción y el movimiento que está produciendo el narcotráfico, que está afectando el Estado de Derecho. No tenemos que discutir sobre estos temas, tenemos que ponernos de acuerdo en algunas cuestiones básicas e implementarlas. Por eso, nosotros creemos en las políticas de Estado y exhortamos a todos los jueces, principalmente a aquellos que están en regiones donde este tema es más acuciante, que cooperen con los otros poderes del Estado para que tengamos una acción efectiva. A los otros poderes del Estado les decimos que esta agenda del narcotráfico debe ser prioritaria”.

Ante ello, pidió a los jueces del Tribunal Oral que se dirijan al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que asigne los vehículos de esta causa que llevaría a seis personas a juicio, y a su vez, se cite a los jefes de la Prefectura Naval y de la Policía Federal “a los fines que, conforme los respectivos protocolos, acepten los cargos de depositarios judiciales de los bienes referidos con los correspondientes seguros obligatorios”.