Los jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas juzgarán, a partir del 1° de junio, a diez civiles y un militar retirado que formaban parte, en los años previos al Golpe Militar, de la agrupación de ultraderecha CNU (Concentración Nacional Universitaria), encabezada por el ex fiscal Gustavo Modesto Demarchi. Se prevé la declaración de más de 180 testigos.

Finalmente, este martes se puso fecha al juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la CNU durante 1975. El lunes 1° de junio a las 10 se realizará la primera de las audiencias, donde se juzgará por asociación ilícita a unos, y a otros como ideólogos y asesinos de estudiantes, profesores y profesionales, a Juan Pedro Asaro y Raúl Arturo Viglizzo, representados por Horacio Insanti; Juan Carlos Asaro y Luis Roberto Coronel, defendidos por Andrés Barbieri; Raúl Rogelio Moleón, representado por Martín Morillas; Mario Ernesto Durquet, Fernando Alberto Otero, Roberto Justel y Marcelo Arenaza, representados por los defensores oficiales Paula Muniagurría y José Galan; y a Gustavo Modesto Demarchi y José Luis Granel, quienes ejercerán su propia defensa.

Para el debate oral y público se ordenó el traslado de Demarchi, Moleón y Viglizzo -quienes se encuentran detenidos en Marcos Paz- y de Otero –quien está alojado en la Unidad 31 de San Nicolás- una semana antes del juicio y hasta su finalización al Penal 44 de Batán, donde ya se encuentran Juan Pedro Asaro y Durquet.

Secuestros y asesinatos

Los casos por los que serán juzgados, a partir de una investigación promovida por el Ministerio Público Fiscal, incluyen a ocho víctimas. En la madrugada del 21 de marzo, a horas del sepelio del líder de la CNU Ernesto Piantoni, un grupo armado irrumpió en la vivienda de España 856: la venganza por la muerte del líder había comenzado. Enrique “Pacho” Elizagaray era el referente de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y esa noche estaba en la casa de sus tíos, la familia Videla. Cuando llegó el grupo armado intentó escapar por los techos, pero una ráfaga de balas lo alcanzó y murió de inmediato, tras recibir 23 impactos. Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de bala, su hermano Guillermo –de apenas 16 años, cursaba quinto año en el Colegio Mariano Moreno- 27, y su padre Jorge, 33.

Esa misma madrugada, un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras secuestró al cirujano Bernardo Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.

El 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros, estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala.

La fuerte posición tomada y la ferviente defensa de una casa de estudios con perspectiva social le costaron la vida a María del Carmen Maggi, conocida como Coca. Un grupo armado de civil secuestró a la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica el 9 de mayo de 1975, a las 2:15 de la madrugada, en su casa ubicada en Maipú al 4000, donde vivía con sus padres. Cuando apenas había pasado un mes de su secuestro, y aunque el cuerpo aún no había aparecido, se ordenó el archivo del sumario judicial. Y aunque su cadáver fue encontrado –de manera casual- en cercanías de la laguna de Mar Chiquita un día antes del Golpe Militar, la investigación no prosperó. Demarchi era entonces fiscal federal.

Por el Ministerio Público Fiscal actuarán el fiscal de Distrito Daniel Adler, la fiscal federal de primera instancia Laura Mazzaferri y la fiscal ad hoc Eugenia Montero, en reemplazo de Juan Manuel Pettigiani, quien se excusó de intervenir en la causa. Cabe recordar que en este caso el fiscal Pettigiani había entendido que estos crímenes no debían ser juzgados porque estaban, según su dictamen, prescriptos por no considerarlos de lesa humanidad.