El proyecto presentado por el bloque del radicalismo, con las firmas, entre otros, de los concejales Nicolás Maiorano, Vilma Baragiola y Cristina Coria, pide a la vez que se paralice la ejecución de todas las obras civiles y públicas realizadas por la empresa Magical Forest SA. En la constitución de esa sociedad, cabe destacarlo, aparecen entre otros Diego Julián Vespa, Francisco Pagano y Daniel Fumaroni, responsables de La Moneta, y Pablo García, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad.

Según los ediles radicales, en el caso de García “podría asistirse a una posible falta de ética y la violación de los deberes de funcionario público”, pudiéndose “suponer” que el funcionario utilizó su cargo “para favorecer sus intereses privados, en el dictado del decreto número 1783/2010 que concediera la prefactibilidad urbanística para la construcción de 129 viviendas unifamiliares dentro del barrio cerrado, toda vez que dada las circunstancias de poseer al momento del dictado de dicho acto las certificaciones vencidas, y otras irregularidades administrativas, no podría haberse logrado”.

Se remarca en el proyecto ingresado al Concejo que uno de los principales informes técnicos, de carácter privado para la aprobación y sanción del decreto Nº 1783/2010 “fue realizado por una funcionaria municipal de grado jerárquico, Leda Diana Tidone, actual vicepresidente del Emvial y firmante del proyecto hidráulico para la firma Magical Forest SA”.

Se consigna que el arquitecto Manuel Regidor, actual vicepresidente de OSSE, y socio comercial del estudio de arquitectura AM, fue contratado como proyectista del barrio cerrado Las Prunas. “Ello deriva en la posibilidad de afirmar que varios funcionarios del gobierno municipal del intendente Pulti están en los dos lados del mostrador y que por acción o por omisión permitieron que el negocio inmobiliario Barrio Cerrado Las Prunas siguiera su curso, infringiendo claramente la norma de la ley orgánica de las municipalidades”. Y añaden que “intereses personales de funcionarios del departamento ejecutivo han estado por encima de los intereses generales de la comunidad, como palmariamente queda demostrado por los hechos descriptos”.

También hace hincapié el bloque radical que el Departamento Ejecutivo no impulsó la realización de la obligatoria audiencia pública.

Los concejales radicales creen que “es necesario que el intendente Gustavo Pulti, el secretario de Planeamiento Urbano, arquitecto José Luis Castorina, el secretario de Gobierno, Pablo García, el vicepresidente de Obras Sanitarias. Manuel Regidor, la vicepresidente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público, ingeniera Leda Tidone, deberán concurrir al Concejo Deliberante para brindar las explicaciones correspondientes”.

También pretenden crear una comisión investigadora a los efectos de analizar los procedimientos que derivaron en el tratamiento administrativo del polémico expediente a través del cual se otorgó la factibilidad del emprendimiento Las Prunas impulsado por Magical Forest SA. La comisión investigadora -puntualiza el proyecto de los concejales radicales- estará conformada por dos concejales por cada bloque político “y tendrá como objeto reunir los elementos de prueba necesarios para valorar los hechos que permitan arribar a la configuración de la negligencia grave y lesiva a los intereses del patrimonio municipal”.

Por último, el proyecto de ordenanza contempla que se paralice la ejecución de todas las obras civiles y públicas realizadas por la empresa Magical Forest del barrio privado Las Prunas.

El proyecto, como se constata en la página web www.lasprunas.com, contempla la realización de galerías comerciales. En una nota oportunamente elevada por la asociación vecinal de fomento del barrio Bosque Peralta Ramos, además de expresarse la inquietud por probables anegamientos por el rellenado de terrenos, se recuerda que “las parcelas utilizadas para el desarrollo inmobiliario corresponden a un distrito en donde se encuentran prohibidas las actividades de tipo comercial esbozadas en el proyecto presentado en las áreas municipales”.