A pedido del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el Tribunal que juzga el accionar de la Fuerza de Tareas N°6, en el juicio denominado Base Naval 3 y 4, resolvió ampliar la acusación a once de los catorce imputados por asociación ilícita.

Deberán responder también por este delito Alfredo Manuel Arrillaga, Justo Alberto Ignacio Ortiz, Juan José Lombardo, Rafael Alberto Guiñazu, Mario José Forbice, Juan Eduardo Mosqueda, Raúl Alberto Marino, Ariel Macedonio Silva, Julio César Falcke, José Francisco Bujedo y José Omar Lodigiani.

Al fundamentar el pedido, la fiscal Ángeles Ramos – acompañada por la fiscal ad hoc María Eugenia Montero y el fiscal subrogante Pablo Larriera- hizo referencia al artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que si del debate surgen hechos que integren el delito continuado atribuido, o circunstancias agravantes de calificación no contenidas en el requerimiento fiscal, pero vinculadas, se podrá ampliar la acusación.

Al hacer la lectura de ese artículo, la fiscal señaló: “Una posición limitada podría afirmar que esta posibilidad se integra solamente con aquello que acontece dentro del recinto y durante la celebración de las audiencias; pero una posición más abarcativa, podrá considerar que el término ‘debate’ utilizado por el legislador apunta a aquello que es sometido a juicio, es decir, a los hechos objeto de debate”.

Y sumó: “Llegamos a esta afirmación en razón de los principios de debido proceso legal, inmediatez y concentración, que deben regir en todo proceso penal”.
Enseguida, Ramos hizo referencia a la resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó el sobreseimiento imputado en 2012 con respecto al delito de asociación ilícita, en concurso real con el resto de las hipótesis delictivas por las cuales ya había mediado procesamiento firme y, en concreto, se abrió el presente debate.

El recurso de casación había sido contra la resolución dictada por la Cámara Federal de Mar del Plata que, al revocar el procesamiento por asociación ilícita, dispuso el sobreseimiento de los imputados. Ello originó que el objeto procesal se separase, elevándose solo una parte a juicio.

En otro orden, la representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que “de no hacerse lugar, un nuevo juicio se aproxima, aunque tal vez no en lo inmediato, derivando en la dispersión total de las cuestiones centrales vinculadas al caso: víctimas, testigos, prueba documental, etcétera”.

Luego, la fiscal desestimó que pueda ponerse el riesgo el “principio de congruencia”: “Básicamente no hay sorpresa, no se intenta introducir ningún elemento o circunstancia fáctica desconocida. Por el contrario, los acusados fueron intimados de la totalidad de la imputación desde el primer momento, al ser convocados para prestar declaración indagatoria”.
A su vez, Ramos señaló que esta ampliación de la acusación “no afectaría ningún derecho o garantía” para los imputados. En este sentido, mencionó que la cuestión formal, de plazos y etapas procesales, fue resuelta por el legislador al regular el supuesto de unión y separación de juicio en el artículo 360del CPP, y permitió que cuando se dé un supuesto de acusaciones diversas por un mismo hecho a varios imputados, el Tribunal disponga su acumulación de oficio o a pedido de parte.

“Así como no existió objeción para que se iniciara el debate cuando un tramo de la imputación se encontraba pendiente de resolución por parte de una instancia revisora, mucho menos podría resultar objetable para la defensa y para el interés general de la sociedad que se acumule en esta instancia y se avance en búsqueda de la verdad”, remarcó la fiscal.

Sobre el final de su alocución, luego de hacer referencia también al informe realizado días atrás por el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”, en relación a las graves consecuencias que tiene en las víctimas del terrorismo de Estado la larga duración de estos juicios, Ramos sostuvo que esta amplización no sólo resulta viable en esta etapa del proceso: “Es legítima y respetuosa del derecho de defensa de los acusados y también de las víctimas porque con la ampliación se lograría la concreción de un único debate, con una solución integral al conflicto sometido a juicio y no por etapas, dentro de un plazo razonable de respuesta jurídica”. “Se evitaría así la reestigmatización de imputados y revictimización de las víctimas. Desde el sistema judicial además se evita el dispendio jurisdiccional y se ahorran recursos”, sumó luego.

Al planteo del Ministerio Público adhirieron las querellas y prestaron su consentimiento, fundado sobre todo en la posibilidad de obtener una sentencia pronta en favor de sus asistidos, las defensas –Horacio Insanti en representación de Bujedo y la defensa oficial por el resto de los imputados-.

El Tribunal –integrado por los jueces Mario Portela, Néstor Parra y Alejandro Esmoris -hizo lugar y fijó para el próximo 4 de noviembre la audiencia para la ampliación de la acusación, a la que deberán asistir los acusados.