Un comunicado de Presidencia informó que Macri se amparó en el artículo 99 inciso 19 de la Constitución Nacional, que sostiene que una de las atribuciones del Jefe de Estado es la de “llenar vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

De esta forma, los nuevos ministros de la Corte tendrán mandato hasta el 30 de noviembre de 2016, lo que le permite al gobierno negociar durante el próximo año legislativo con los senadores esos cargos.

Según el reglamento que se venía estableciendo, el Poder Ejecutivo propone nombres para su preselección, luego se hace la propuesta en un plazo de 30 días de producida la vacante y se publica en el Boletín Oficial y en por lo menos dos diarios de circulación nacional, durante tres días, el nombre y los antecedentes curriculares de los candidatos. Además deben difundirse en la página oficial del Ministerio de Justicia, los nominados deben presentar declaraciones juradas, de asociaciones.

A partir del último día de publicación, y durante 15 días, cualquier ciudadano u organización no gubernamental, colegio o asociación profesional podrá presentar observaciones o comentarios respecto de los nominados. Justificando su objetividad respecto de los mismos. Luego se pide a la AFIP un informe -secreto- relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de los candidatos.

Vencido el plazo de observaciones, corren 15 días más como plazo para que el PEN decida si finalmente eleva el -o los- nombres previamente nominados o finalmente declina esa propuesta. Si es positiva, se envía al Senado el nombre, con todo el procedimiento, para que se vote. Require de aprobación por 2/3 de la Cámara.

• La carrera de los candidatos

Carlos Fernando Rosenkrantz es abogado, con el título otorgado en la UBA en 1983 y tiene un magister y un doctorado en Derecho, ambos títulos de la Universidad de Yale; y fue profesor en la New York University; en la Richmond School of Law y en la Denver University (todas estadounidenses); en la Universitat Pompeu Fabra, España; y también en la UBA.

Fue autor y coautor de numerosas libros y artículos tanto en el país como en el exterior; se desempeña desde 1998 como Rector de la Universidad de San Andrés.

Previamente se desempeñó como asesor del “Programa para la Justicia” del Banco Mundial. En 1994 fue asesor de la Honorable Convención Constituyente y además ofició como asesor para el Consejo para la Consolidación para la Democracia, junto al ex presidente Alfonsín en 1984.

Por su parte, Horacio Rosatti nació en Santa Fe y se recibió de abogado y posteriormente de escribano en la Universidad Nacional del Litoral; misma casa de estudios que le otorgó el título de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Además, realizó un Máster en evaluación de impacto y gestión ambiental en la Universidad Católica de Santa Fe.

Se desempeñó como docente de grado y de posgrado en numerosas casas de estudios en la Argentina, entre las que se destacan la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Rosario y Universidad Católica de Santa Fe. Asimismo, ejerció como decano de la Facultad de Derecho en esta última casa de estudios entre 1999 y 2002.

Desarrolla la función pública como conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y entre 2004 y 2005 fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y años antes había sido Procurador General del Tesoro de la Nación.

Entre 1995 y 1999 fue intendente de su ciudad natal por el Partido Justicialista, y en 1994 había participado como Convencional Constituyente por Santa Fe en la reforma de la Constitución Nacional.

Tiene una extensa carrera académica en la que se destaca su autoría de unos 20 libros y numerosas publicaciones de artículos diversos vinculados al derecho. Fue condecorado en 1987 con el Premio “Bernardo Houssay” a la investigación en ciencias políticas y derecho constitucional otorgado por el CONICET.